El Gobierno porteño adoptará un nuevo protocolo en caso de tomas de colegios

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Publicado: 16/02/2018
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En época de negociaciones entre los gremios docentes y el Gobierno, que comienza sus primeros capítulos en la Provincia, crecen las posibilidades de que los alumnos adopten sus propias medidas de protesta: la toma de escuelas.


Ante esto, el Gobierno porteño decidió que serán los padres quienes respondan como responsables por los daños que los menores puedan ocasionar durante la toma de alguna escuela.

Además, se creó también un protocolo que regulará el accionar de los rectores. Así, cuando haya una toma, los directores deberán citar a los padres para que retiren a sus hijos de las instituciones, a menos que estén de acuerdo con la medida adoptada por sus hijos. Desde ese momento, entonces, serán los responsables de resarcir económicamente a la escuela en caso de que los menores produzcan daños varios.

En primer lugar, las autoridades deberán dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al SAME. Luego deberán tomar fotografías del antes y el después de las tomas para dejar constancia de posibles actos de vandalismo. Después será la Procuración General quien determinará las multas.

Así, el cuidado deja de ser una responsabilidad del rectorado de la escuela para transferirse a los padres. Incluso, en caso de toma, se desafectarán las autorizaciones que se emiten a principio de año para que los chicos se puedan retirar por su cuenta de la institución. Los padres deberán pasar personalmente a buscarlos o autorizar la toma, pero en ningún caso podrán desentenderse de las acciones de los chicos.

“Seguimos trabajando sobre lo que pasó el año pasado. Para nosotros no puede quedar en la nada y naturalizado que cuando los chicos no están de acuerdo con una política puedan tomar una escuela. Lo que está atrás de la resolución es que las acciones tengan consecuencias y no se vulnere el derecho a la educación de los otros”, explicó Soledad Acuña, ministra de Educación porteña.

 

El protocolo paso a paso:

1) Dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

2) Dar intervención al SAME.

3) Citar de manera inmediata a los padres o a quienes ejerzan la responsabilidad parental para que retiren a sus hijos del establecimiento.

4) Labrar un acta dejando constancia de la imposibilidad de tener clases por la toma del establecimiento, que deberá ser elevada a la máxima autoridad de la cartera de Educación, consignando los siguientes puntos:

– Relato de los hechos y motivos por los que se tomó el colegio.

– El estado detallado del patrimonio escolar documentado fotográficamente al momento en que se inicia la toma del establecimiento. En caso de ser posible, las fotografías deben ser certificadas por escribano público o con la presencia de dos testigos.

– Solicitud de intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al SAME.

– Constancia de citación a los padres. Se deberá labrar un acta de retiro en la cual se le hará saber que mientras dure la situación y, en el caso de ingreso/egreso del alumno al establecimiento educativo, la responsabilidad recaerá exclusivamente sobre el adulto.

– Enunciar los datos de los padres que no hayan retirado a los jóvenes del establecimiento educativo, dejando constancia de los motivos y de haberles hecho saber que la responsabilidad sobre el alumno recaerá exclusivamente sobre ellos.

5) Los directores o rectores deberán permanecer en el establecimiento educativo hasta la terminación de todas las acciones establecidas en el protocolo.

6) Desde el Ministerio de Educación se deberá a elevar el expediente administrativo para intervención a la Procuración General.

7) Finalizada la toma del establecimiento escolar, los directores o rectores deberán labrar un acta, que será elevada a la máxima autoridad de la cartera de Educación. Allí se consignará el estado del patrimonio escolar al momento de la finalización de la toma, también documentado fotográficamente.

8) El Ministerio de Educación elevará el último expediente administrativo para intervención a la Procuración General.

Fuente noticiasurbanas.com.ar