Empleados del Gobierno de la Ciudad fueron detenidos por poda ilegal en Saavedra

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Publicado: 20/03/2018
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La Policía, la Justicia porteña y toda una cuadra del barrio de Saavedra estaban avisados. El momento llegó el viernes 9 de marzo, cuando cinco empleados del Gobierno de la Ciudad fueron detenidos mientras hacían una poda ilegal.


A las 11 de la mañana, trepados a un fresno de la calle Naón al 3400, con equipamiento y uniformes oficiales, fueron obligados a identificarse y a explicar por qué estaban extrayendo ese ejemplar sano. Dijeron que estaban autorizados y mostraron documentación. Pensaron que sus papeles, como en quizás otras ocasiones, justificarían su presencia. Pero fueron detenidos y trasladados a la alcaldía de la Comuna 12. Hacía tiempo los investigaban. Los documentos eran falsos.


Los cinco hombres trabajan en la Gerencia Operativa de Mantenimiento de Arbolado del Gobierno porteño. Cuatro integran la planta permanente y el quinto era un chofer contratado por esa área gubernamental. “Ofrecían el servicio de poda ilegal a empresas constructoras, usando como cobertura su trabajo en el Gobierno de la Ciudad”, dijo a Clarín el fiscal Matías Michienzi, titular de la Unidad Fiscal especializada en Materia Ambiental (UFEMA) y a cargo de la investigación.

El caso empezó en enero con una denuncia de las autoridades de la Comuna 12, que incluye al barrio de Saavedra, y la Secretaria de Atención Ciudadana, un ente que recibe y analiza los reclamos que llegan a través de la línea telefónica 147 y se presentan en las sedes comunales. También había antecedentes; sospechas de por lo menos tres años; quejas y consultas de miembros del Gobierno por podas hechas con su supuesta autorización pero que jamás habían sido aprobadas.

La sensación de falta de dominio sobre las podas también se alimentaba con consultas por parte de constructoras: “¿El Gobierno de la Ciudad cobra por extraer árboles?”. La respuesta en cualquier caso era no, pero en los hechos el grupo investigado pedía alrededor de 30.000 pesos por ejemplar a retirar. Cuando los abordaron estaban vestidos con uniformes del Gobierno de la Ciudad, se identificaron ante la Policía como empleados de la administración pública, mostraron un informe y una autorización de poda con hojas similares a las oficiales. Estaban organizados para aparentar legalidad.

El fiscal Michienzi ordenó su detención inmediata y los imputó por los delitos de daño calificado y por falsificación de documento público (artículos 184 inciso 5 y 292 del Código Penal). Podrían recibir penas de cuatro años de cárcel. Al momento de la detención, habían llegado a cortar algunas ramas del fresno. Y, en el lugar, la División Investigaciones Delictivas de la Policía de la Ciudad secuestró las herramientas con las que estaban haciendo la poda, un camión Mercedes Benz en el que se trasladaban y la documentación falsa.

A las 24 horas, después de verificar sus domicilios, recuperaron la libertad. Pero sigue el proceso penal por los delitos imputados por la Fiscalía: “Queremos determinar los roles de los que intervinieron, sus distintos niveles de autoridad -agregó Michienzi-. Es preciso llegar a un diagnóstico claro sobre cómo operaban y desde cuándo”. En ese sentido, la Justicia porteña ya le tomó declaración a las autoridades del área en la que los empleados trabajaban.


La gestión del arbolado en la Ciudad de Buenos Aires es un eje conflictivo. Al punto que el año pasado, un mes antes de que terminara la poda de invierno, la Justicia porteña interrumpió las tareas. El juez Guillermo Martín Scheibler exigió al Gobierno porteño que la poda se ajuste a las obligaciones consignadas en la ley 3.263 de arbolado urbano. La norma dice que, antes de cualquier intervención, debe hacerse una evaluación técnica de cada uno de los ejemplares afectados y detallar el tratamiento que se les dará. También exige que el personal que ejecute la evaluación técnica, plantación, poda, trasplante o tala sea idóneo, esté capacitado y se certifiquen sus competencias.

Hoy las quejas o consultas por temas de poda están a cargo de la Secretaría de Atención Ciudadana, la misma que impulsó la investigación contra los empleados. El titular de ese área, Facundo Carrillo, afirmó: "Estos hombres y sus talas ilegales dañan el trabajo que estamos haciendo para preservar el patrimonio arbóreo de la Ciudad. Nosotros no sacamos ejemplares a menos que sea estrictamente necesario, por ejemplo un peligro para otros. Acá teníamos un foco de conflicto, fuera de nuestro alcance, y lo atendimos”.

clarin.com