La Justicia decide si confirma las condenas a los acusados por la Tragedia de Once

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Publicado: 04/04/2018
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El juicio por la Tragedia de Once se acerca a la etapa de definiciones. Hoy es la última audiencia, el paso previo a la confirmación o rechazo de las penas para los acusados del choque del tren Sarmiento, que dejó 51 muertos, incluida una embarazada.

Un momento que sobrevivientes y familiares de víctimas esperan desde hace dos años, cuando la causa pasó a la Cámara Federal de Casación, entró en un letargo y empezó a parecerse a tantas otras.

Desde las 10.30, se presentan en Comodoro Py los últimos siete acusados. Entre ellos, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. En su caso hay una excepción: pidió hablar por videoconferencia y la Justicia lo permitió. Desde la cárcel, a través de una pantalla, dará su versión a los jueces de la Sala III de Casación. La oportunidad de presentarse ante ellos es un derecho que le da el Código Penal a todos los acusados, incluido él, que se confesó coimero en un área que pagó la corrupción con muertos. Jaime está detenido, no por el choque del tren Sarmiento, sino por otra causa que investiga la compra de material ferroviario inservible a España y Portugal.

El listado de los que exponen ante Casación lo completan Juan Pablo Schiavi (sucesor de Jaime; Mario Cirigliano, hermano de Sergio (titular de la operadora TBA); Daniel Guido Lodola (gerente del Sarmiento); Roque Ángel Cirigliano (no tiene parentesco con los dueños de TBA, era jefe de Material Rodante y Nuevos Servicios); y Roque Rainieri y Jorge Alvarez (directivos). Antes, desde febrero y en grupos, habían pasado los otros acusados. En total, son 28.

En diciembre de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 condenó a 21 y absolvió a siete. La pena mayor, de nueve años, fue para Sergio Claudio Cirigliano por estrago culposo y administración fraudulenta contra el Estado. Por los mismo delitos, Schiavi fue sentenciado a ocho. Y Jaime recibió seis por ser partícipe necesario de administración fraudulenta. Mientras que, el maquinista Marcos Córdoba fue condenado a tres años y medio. Los demás -ex funcionarios, directivos de TBA y de una empresa a donde se derivaban los fondos de los subsidios- tuvieron penas de tres a ocho años. Ninguno quedó preso. Recién cuando la sentencia esté firme van a ir a la cárcel.

Todos los condenados apelaron. También la Fiscalía y los querellantes, que pidieron que se revean las absoluciones y que Jaime sea considerado responsable de estrago. El trabajo de resolver esas apelaciones es de Casación. Tiene que confirmar o revocar lo antes resuelto. Y para eso se tomó su tiempo. Uno que borra las marcas inéditas que la causa había tenido: una investigación en menos de un año y el juicio oral, con 134 audiencias y más de 200 testimonios, antes del cuarto aniversario del choque.

En la Argentina, los juicios por corrupción duran, en promedio, 14 años. Del terrorismo de Estado a Once, pasando por AMIA, Lapa y Cromañón, los familiares de víctimas y los sobrevivientes son los que mantienen activas las causas. Las sacan -cuando pueden- del cajón. En octubre, después de una solicitada de familiares de la tragedia de Once, la Sala III de Casación dividió a los acusados en grupos y los empezó a convocar. Hoy cierra ese llamado. Y los jueces estarían en condiciones de fallar dentro de los próximos 20 días hábiles.

Aunque una jugada de los abogados de los acusados puede arruinar todo. El pedido de la Corte Suprema de que se volvieran a sortear todos los casos que había recibido el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 9, abrió una serie de requerimientos en los que se pide el apartamiento de jueces. Los integrantes del TOF están subrogando en muchas salas. Carlos Alberto Mahiques, por ejemplo, forma parte del TOF 9 y de la Sala III de Casación, que debe dictaminar sobre la tragedia de Once, entre otras causas. Los abogados están pidiendo que sus clientes no sean juzgados por esos jueces al considerar que estarían impedidos de actuar tras el pedido de la Corte.

“Por ahora los acusados no pidieron el apartamiento de Mahiques. Pero sí abogados en otras causas lo hicieron. Y la Sala III fue la única, hasta el momento, que rechazó ese pedido”, dice Leonardo Menghini -tío de Lucas- y abogado de una parte de la querella. “Que se haya expedido la Sala III, la que tiene Once, es positivo -sigue-. Porque no dio lugar: los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi lo declararon inadmisible”.

La Corte Suprema, según trascendió, difundiría el jueves una ampliación de la acordada. Ahí, aclararía que su decisión se centró en la manera en que fue conformado el Tribunal -había dicho que nunca estuvo habilitado- y no en la actuación particular de los jueces. Que la Corte no se expida. Que los requerimientos aparezcan y las salas los acepten funciona como una pesadilla en la cabeza de los familiares y sobrevivientes de Once. Sería el peor escenario a punto de llegar a la meta de las definiciones. Si eso ocurriese habría que disolver la sala, formar otro tribunal y repetir todas las audiencias.

clarin.com