Ingresó a la Legislatura porteña el proyecto del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta por el cual se propone que la Ciudad finalmente tenga su propio Código Electoral.
El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta quiere que el 2018 sea el año de los códigos. En ese sentido, además de los proyectos ya presentados, se sumó este lunes la propuesta de un Código Electoral, a fin de que la Ciudad tenga su normativa específica en la materia.
En los fundamentos de la iniciativa se afirma que la misma “tiene como finalidad institucionalizar un modelo de organización, administración y control de los procesos electorales, estableciendo así reglas claras que den un marco de transparencia, confianza y legitimidad a la expresión de la voluntad popular”.
A lo que agrega: “Para la elaboración de este cuerpo normativo se han considerado las experiencias comparadas, sin perjuicio de receptarse los mejores institutos y procesos contemplados en la normativa nacional, provincial e internacionales. Asimismo, cabe manifestar que la norma proyectada ha sido fruto de un espacio abierto y plural, que contó con la participación activa de organizaciones de la sociedad civil, universidades, centros de investigación, funcionarios/as de distintas jurisdicciones y expertos/as de la academia. Por otra parte, cabe destacar que el proyecto ha sido enriquecido por el debate legislativo, en tanto ha receptado recomendaciones y observaciones emanadas de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña”, efectuadas al proyecto que había sido presentado en el 2016.
El proyecto prevé la creación del Instituto de Gestión Electoral con potestades administrativas en materia electoral y la integración del Tribunal Electoral, el cual tendrá a su cargo funciones jurisdiccionales. Dicho tribunal tendrá la función, junto al Tribunal Superior de Justicia, de realizar un control judicial suficiente sobre todo el procedimiento electoral.
En ese sentido se procuró separar las funciones electorales administrativas de las jurisdiccionales en organismos distintos. En ese aspecto, el proyecto de ley da un salto cualitativo en materia de administración electoral mediante la creación de un organismo especializado para atender todo lo relativo a la organización del acto comicial, logrando así generar un diseño institucional moderno, eficiente, transparente y con alto grado de especialización.
El Código Electoral se estructura en trece títulos y propone, según sostienen desde el Ejecutivo, una mirada del proceso electoral en torno a los principios rectores de igualdad, transparencia, equidad, autonomía, paridad de género y gobierno abierto. Respecto a este último principio innovador, cabe mencionar que incluye dentro de él al principio de acceso a la información pública, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la colaboración y la innovación.
Una de las principales disposiciones que promueve es la posibilidad de adherir al régimen de simultaneidad de elecciones, así como también la de coordinar una fecha federal común de elecciones, admitiéndose así que la Ciudad celebre los comicios locales en la misma fecha otras provincias y jurisdicciones argentinas.
Por otra parte, el proyecto -trabajado especialmente por el Ministerio de Gobierno que encabeza Bruno Screnci- incorpora previsiones para regular el debate público entre candidatos a Jefe de Gobierno y a Presidente comunal, ello a efectos de garantizar su desarrollo en un marco democrático, republicano y neutral.
Además, como un punto central de la iniciativa, destacan las previsiones respecto a la incorporación de tecnologías al proceso electoral, elaboradas con el objeto de establece un marco normativo que contenga los estándares mínimos que las tecnologías deben cumplir para garantizar la transparencia y confianza en los sistemas utilizados, así como también la regulación de las pruebas y auditorías a las que esa tecnología debe someterse.
En ese sentido se contempla la creación de un Registro de Proveedores de Tecnologías, que incluirá la nómina de proveedores que elaboran o diseñan tecnologías para ser implementadas en el proceso electoral.
Asimismo incluye el desarrollo de herramientas de formación y capacitación para los fiscales y autoridades de mesa.
Por último, entre otras disposiciones, propone la creación de un Registro de Proveedores de Campaña, donde deberán inscribirse todas las personas jurídicas o humanas con interés en proveer servicios y/o bienes para el desarrollo de las campañas electorales.
adnciudad.com
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