El ajuste pedido por el FMI genera tensión entre Mauricio Macri y Rodríguez Larreta
El traspaso de Aysa, las distribuidoras Edenor y Edesur, y los subsidios a las tarifas del transporte significan unos 100.000 millones de pesos, un 25% del ajuste que impuso el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El pedido de los gobernadores para que el gobierno nacional deje de subsidiar los servicios de la la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal sintonizó con el ajuste que impone el FMI y está generando una tensión inédita entre el gobierno de Mauricio Macri y las administraciones de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta.
La posibilidad encendió luces rojas en el gobierno de Vidal, donde lo que más le preocupa no es el traspaso de Aysa ni el de las empresas distribuidoras de energía. El punto nodal de las preocupaciones pasa por el transporte.
Según pudo saber LPO, los subsidios destinados al financiamiento de la tarifa tanto en la provincia como en la ciudad representan unos 60.000 millones de pesos anuales.
Quien disparó el tema fue el cordobés Juan Schiaretti, quien elaboró un estudio en el que muestra que, a través de la SUBE, los porteños y bonaerenses reciben del Estado nacional el 96,4% del beneficio, mientras que el resto de las provincias recibe el 3,51%.
El traslado de Aysa representaría para la provincia un costo de 15 mil millones y para la Ciudad de alrededor de la mitad de esa suma. En rigor, lo que analiza la Casa Rosada es mantener la empresa en la esfera nacional pero recibiendo esos aportes de la provincia y la Ciudad. Esto es así porque técnicamente es imposible dividir una empresa que se concibió como metropolitana y tiene deuda calzada como una única entidad.
Es por eso que el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, advirtió días atrás cuando se empezó a blanquear el tema: "Nos encanta ser federales para gastar, pero unitarios para recaudar", desafió.
El subsidio de la Nación al transporte público representa unos 60 mil pesos al año que deberían absorber provincia y ciudad. La posibilidad de su traspaso puso a Vidal en crisis, que empezaba a acercarse al equilibrio fiscal: "Ningún esfuerzo alcanza", se quejó.
Vidal está frustrada con la discusión. "Ningún esfuerzo alcanza", suele decir en las reuniones de gabinete y en la mesa chica del gobierno nacional, espacio que integra junto a Marcos Peña, Emilio Monzó, Rogelio Frigerio y Rodríguez Larreta. Desde su entorno creen que es un mensaje a Macri.
El razonamiento de Vidal se apuntala en el duro trabajo que desplegó en los primeros dos años de gobierno en los que combinó un ajuste del gasto con un intenso despliegue político para que le repongan a la provincia el dinero del Fondo del Conurbano por el que debería recibir unos 40.000 millones que le permitirían acercar a la provincia al equilibrio fiscal, por primera vez en décadas.
El riesgo del traslado de los servicios dinamitaría ese esfuerzo, dejando a la provincia incluso en una situación más complicada de la que se heredó de Scioli. "Sería una locura que el mismo Gobierno que nos prometió 40 mil millones, ahora nos pasen un déficit incluso superior a esa cifra", se quejan en el gabinete bonaerense en referencia a sus pares de la Nación.
En cualquiera de estos casos, como ante el traslado de Edesur y Edenor, Vidal y Larreta tendrían la opción de trasladar todo el costo del subsidio a tarifas, pero pagarían entonces un costo político que hasta ahora está concentrando Macri.
La imagen de un eventual segundo mandato en condiciones incluso más duras que las que viene transitando, agitaron en la provincia los rumores de cierto desencanto profundo de Vidal, que incluso estaría revisando la idea de buscar su reelección. Esto a su vez dio pie a las versiones de su candidatura a vicepresidenta en el 2019.
En ese marco, Vidal eligió por ahora una vía indirecta para enfrentar a la Casa Rosada. Le pidió a los intendentes que salgan a defender a la provincia y se planten frente al traspaso de los servicios. El pedido en especial está dirigido a los intendentes peronistas y de Massa, en la idea que acaso están más liberador para cruzar al gobierno nacional.
Quien tomó el pedido fue el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, que este sábado salió a cuestionar el traspaso de Aysa. "Es una irresponsabilidad absoluta generar esta transición sin un esquema de recursos claros para hacer frente a las inversiones que requiere el servicio", dijo el lomense.
Pero como reveló LPO este eventual apoyo es vidrioso. Vidal cree que algunos intendentes del PJ celebran este escenario y que por eso demoran una postura pública.
Para Rodríguez Larreta, la salida también va por ese lado: que la oposición sea una especie de ariete contra los traspasos.
Por caso, esta decisión explica el hermetismo de la reunión que Vidal, Rodríguez Larreta y Sergio Massa tuvieron días atrás en la parrilla La Brigada de San Telmo. Un encuentro desmentido desde todos los sectores, pero que LPO pudo confirmar.
La reflexión que hacen tanto desde la provincia como desde la ciudad de Buenos Aires es que el principal problema no está en la oposición -donde tanto Vidal como Larreta tienen acuerdos aceitados para gobernar- sino en el escenario que genera el acuerdo con el FMI.
El durísimo ajuste acordado con el Fondo obliga a la Casa Rosada a un acuerdo con los gobernadores para cuando tenga que instrumentar los ajustes que vienen en el Presupuesto del año que viene, instruyan a sus legisladores. En ese marco, forzar a los dos principales distritos que gobierna el PRO a asumir la parte del león del ajuste, sin dudas sería un gran incentivo para el acuerdo con el peronismo, que encima resuelve un cuarto de la baja del gasto comprometida.
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