Los inquilinos de las villas pagan hasta $10.000 y crece la informalidad

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Publicado: 02/07/2018
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Alrededor de 250 mil personas despiertan todos los días en las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Son el doble que en 2001. Representan el 8% del total de residentes en Capital, pero viven hacinados en manzanas de casas precarias, encajonadas entre pasillos.


Dentro de ese mundo apretado, están los inquilinos. Son los vulnerables entre los vulnerables, atrapados en un mercado inmobiliario informal, que crece junto al aumento de la población en villas. Por un alquiler, hoy ya les exigen hasta $10.000 por mes.

Los datos se desprenden de un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que determinó que el 30% de los que viven en villas alquila y que en los últimos años los asentamientos crecieron en altura y no en extensión territorial. Circunstancia que, dice el estudio, favoreció el proceso de inquilinización. Un fenómeno en el que hay desde constructores que levantan espacios solo para alquilarlos hasta familias que siguen apilando ambientes, ya no para sus hijos o nietos, sino para sumar ingresos.

Según el informe, la mayoría alquila un cuarto o pieza (72%) y paga montos que comienzan en $4.000 (77%), que es el precio promedio. Si se compara con un monoambiente en Flores o Villa Pueyrredón, cuyo alquiler ronda los $6.000 -según la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad-, la diferencia con la “ciudad formal” no es tanta. Además, en las villas, por las casas hay picos de $8.000 y hasta $10.000. Los inquilinos de asentamientos, al no tener garantía, empleo formal y cuenta bancaria están atados a los precios que fijen los locadores.

 

“Tuve que sacar un crédito Argenta para pagar el alquiler”, dice Yamil Guzmán. Está parada en la única habitación de su casa en el barrio San Martín de Villa 31, uno de los últimos anexados a la toma de tierras que empezó en 1931. El Argenta es un crédito personal que se da a jubilados, pensionados y quienes cobran Asignaciones Universales por Hijo -su caso-. “Me atrasé unos días, corría el riesgo de que me sacaran. Adelanté dos cuotas”. Por una casa en forma de pasillo largo, en la que el comedor se sucede con la cocina, con el baño y con la única pieza, paga $5.000 mensuales. Son cinco, ella y sus hijos, en un espacio que no supera 50 m2.

En la heladera y en las paredes hay dibujos de Frozen. Sobre un televisor, una bandera en miniatura y el registro de que su hija mayor juró, días atrás, fidelidad al símbolo patrio. Ella tiene 9 años. Todas las noches se acuesta en lo alto de una cucheta; abajo, en el mismo colchón, duermen sus hermanas, de 3 y 6. Su mamá se acuesta en el piso y su hermano de 15, también, pero en el comedor. Poco más de un año atrás la rutina era peor: las noches les llegaban en un parador en Constitución.

“Existe la idea de que vivir en las villas es gratis. Nuestro informe evidencia que hay alquileres que llegan hasta $10.000 e incluso $15.000 en el caso de locales comerciales en las zonas de Villa 31 con más circulación de gente”, dice el Defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor. Y sigue:“¿Qué garantías tienen los inquilinos? Si no pagan, la garantía son ellos, sus familias. Sin la intervención del Estado, estas situaciones pueden terminar en violencia”.

El estudio relevó 674 casos de hombres y mujeres mayores de 18 años e inquilinos de las villas 1-11-14; 21-24; 20; 31 y 31 bis; Ciudad Oculta y Los Piletones. Roberto Baigorria, director del informe y titular del Consejo de Organizaciones Sociales de la Defensoría evalúa: “Al inquilino de la villa no se lo incorpora al dato. La información que recopilamos sirve para exponer la vulnerabilidad de este sector, que por cualquier movimiento puede caer en la indigencia”.

Natalio Tola vive en una pieza de cuatro por cuatro y baño compartido con tres familias, en el barrio Güemes, uno de los más antiguos de la Villa 31. Dos años atrás, alquilaba en el Chino, un área más interna, del otro lado de la autopista Illia. “Me mudé por la inseguridad. Era muy difícil salir todas las mañanas y caminar por los pasillos. Tenía hasta 20 minutos hasta la salida y, en ese trayecto, me robaban”, dice, mientras atraviesa una feria popular que todas las mañanas reúne 350 puestos. “Acá es distinto, hay más movimiento, y estoy más cerca de la terminal y estaciones de trenes”.

Natalio está casado y tiene tres hijos que van a la universidad. “Es muy difícil alquilar en familia. Con hijos te cierran la puerta, porque temen que el lugar quede tomado”, explica. No aclara del todo si esa fue la razón por la que la familia quedó separada en distintas casas, pero así lo prefiere: “Están más seguros y cómodos”. Su pieza, oscura, sin ventana a la calle, le demanda $4.000 mensuales. “Los contratos son de palabra -dice-. Acá nada está regulado”.

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