Empleados del Gobierno porteño que hacían podas ilegales fueron condenados por la Justicia
El 9 de marzo de este año, empleados del Gobierno porteño fueron detenidos mientras extraían un árbol sin autorización. Cuatro fueron condenados y tres de ellos ya no forman parte de la administración pública.
La decisión se conoció en los últimos días, a través de una resolución en el Boletín Oficial. Diego Fabián Ledesma, Leandro Javier Rojas, Cristian Ezequiel Leguiza y Leandro Úbeda fueron despedidos y condenados a prisión de ejecución condicional por haber extraído un fresno de la calle Rómulo S. Naón al 3400, en Coghlan. No tenían autorización para hacerlo. Todo formaba parte de un negocio paralelo.
Los hombres trabajaban en la Gerencia Operativa de Mantenimiento de Arbolado del Gobierno porteño. Tres integraban la planta permanente y uno era un chofer contratado por esa área gubernamental. Utilizando su trabajo en la Ciudad como cobertura, ofrecían el servicio de poda ilegal a empresas constructoras. Por la extracción de un árbol pedían alrededor de $ 30.000.
Los cuatros hombres -incluido el chofer, a quien se le rescindió el contrato de locación de servicios- reconocieron ante la Justicia porteña haberse presentado en Naón al 3400 sin una orden que les indicara ir a ese punto, desviándose del destino al que debían dirigirse conforme a la orden de trabajo de ese día, que consistía en el despeje de unas luminarias en Villa Real.
A las 11 de la mañana de ese 9 de marzo, trepados al fresno, con equipamiento y uniformes oficiales, fueron obligados por la Policía a identificarse y a explicar por qué estaban extrayendo ese ejemplar sano. Los empleados dijeron estar autorizados y mostraron documentación. Pensaron que sus papeles, como quizás en otras ocasiones, justificarían su presencia. Pero fueron detenidos. Los documentos eran falsos.
Hacía tiempo que los investigaban. El caso había empezado en enero con una denuncia de las autoridades de la Comuna 12, que incluye a Coghlan, y de la Secretaría de Atención Ciudadana, un ente que recibe y analiza los reclamos que llegan a través de la línea 147 y se presentan en las sedes comunales. También había sospechas: quejas y consultas de miembros del Gobierno por podas hechas con su supuesta autorización pero que jamás habían sido aprobadas.
La sensación de falta de dominio sobre las podas también se alimentaba con consultas por parte de constructoras: "¿El Gobierno de la Ciudad cobra por extraer árboles?". La respuesta en cualquier caso era no. Pero los ahora ex empleados lo hacían.
En consecuencia, el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N° 23 condenó a Ledesma a tres años de prisión de ejecución condicional; a Rojas a un año y seis meses de prisión bajo las mismas características; y a Leguiza y a Úbeda a nueve meses de prisión de ejecución condicional, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de daños, agravado por generarlo en un bien público, en concurso real con el delito de falsificación de documento público.
CLARIN.COM
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