Los organismos de control de la Ciudad presentaron sus presupuestos y metas para el próximo año

En la reunión se refirieron a las acciones realizadas durante el presente ejercicio y el presupuesto y las metas previstas para el año próximo.

Además de los funcionarios de los organismos estuvieron presentes en la reunión los diputados Francisco Quintana, Claudio Romero, María Luisa González Estevarena, Claudio Cingolani, Carolina Estebarena, Christian Bauab, Lía Rueda, Jian Ping Yuan, Paola Michielotto, Ariel Álvarez Palma (VJ), Javier Andrade, Mariano Recalde (UC), Silvia Gottero (BP), Hernán Arce (PS) e Inés Gorbea (E).

El Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, fue el encargado de presentar el presupuesto de este organismo y delineó los ejes de tabajo de su área para el 2019. El monto solicitado al Poder Ejecutivo asciende a 1.419 millones de pesos.

En su exposición, Amor afirmó que “la próxima gestión tendrá un presupuesto amplio y ordenado dedicado a gastos y personal para poder ejecutarlo y darle el perfil deseado a la Defensoría”. Algunos de los puntos trabajados durante el 2018 fueron la ley de compras y contrataciones, el registro de proveedores de la ciudad, la ley de procedimientos administrativos adaptada a la institución, el primer convenio colectivo de trabajo y en el proceso de evolución y desarrollo de sedes descentralizadas de la Defensoría en villas y barrios porteños.

Además, según el funcionario, actualmente continúan trabajando con los controles de presentismo, los retiros voluntarios, la reducción de estructuras, el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal, el proceso de digitalización del organismo y la reparación historica, entre otros.

Amor estuvo acompañado por su equipo conformado por María América González, José Palmiotti, Arturo Pozzali, Gabriel Fuks, Oscar Zago, Christian Devia y Silvina Penella.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires es un organismo de control autónomo e independiente, que no recibe instrucciones de ninguna autoridad. Su creación se dispuso en la Constitución porteña de 1996 y, como tal, es la continuadora jurídica de la Controladuría General Comunal. Puede proponer leyes ante la Legislatura de la Ciudad, presentarse en los tribunales en representación de los ciudadanos y tiene capacidad para iniciar investigaciones.

La función de la Defensoría es proteger y defender los derechos humanos, individuales y sociales de los vecinos; supervisar y garantizar que las instituciones y los funcionarios del Gobierno de la Ciudad cumplan con sus deberes y respeten la Constitución y las leyes vigentes; controlar que las empresas de servicios públicos brinden los servicios de manera adecuada a toda la comunidad y atender las inquietudes de las personas que se sientan afectadas por abusos, negligencias o irregularidades.

La presidente del organismo, Cecilia Segura, encabezó la exposición y presentó el presupuesto estimado en $996.902.330 y los ejes de trabajo para el próximo año.

Acompañada por su equipo conformado por los auditores generales Mariela Coletta, Facundo del Gaiso, Jorge Garayalde, Raquel Herrero, Vicente Rodríguez y Hugo Vasques, Rattagan resaltó que se dio una situación inédita en la historia del organismo porque el proyecto de presupuesto fue aprobado con cuatro votos a favor y tres en contra, y que presenta una baja que produce que la institución se esté “ahogando financieramente, con pérdida de transparencia y democracia”. En este sentido, sostuvo que principalmente el salario de los trabajadores se contraerá y que “no será posible que exista un buen control del sector público si el organismo que se encarga de eso no puede sostenerse”.

El diputado Mariano Recalde (UC) expresó su preocupación por el recorte general del presupuesto para “el organismo de control más importante de la ciudad”, mientras que la legisladora Silvia Gottero (BP) se centró en la quita del viático de los directores y en el bajo incremento de gasto de personal.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) es un organismo que fue creado por la Constitución de la Ciudad Autónoma a los efectos de ejercer el control externo del sector público (centralizado y descentralizado) de la Ciudad como así también a las empresas, sociedades o entes en los que la Ciudad tenga participación en sus aspectos económicos, financieros, patrimoniales y de gestión de legalidad.

En relación al presupuesto diseñado por la Auditoría de la Ciudad para el próximo año, el auditor Vicente Rodríguez (Pro) aseguró que “se ha elaborado un presupuesto equilibrado, en sintonía con el cálculo de gastos y recursos presentado por el Poder Ejecutivo. Si bien este cuerpo colegiado posee autarquía financiera, su presupuesto está en línea con el del Gobierno de la Ciudad y, por ende, en cumplimiento con la Ley de Responsabilidad Fiscal”.

Con respecto al panorama para el 2019 para el organismo de control, el auditor por el Pro señaló que “al contar ya con un edificio propio, la Auditoría podrá ahorrar durante el próximo año más de 10 millones de pesos en alquileres de oficinas. Este logro del organismo contó con la colaboración del Poder Ejecutivo. Además, hemos impulsado una fuerte campaña de despapelización, con el objeto de lograr una gestión más eficiente y menos burocrática”, señaló.

Por último, Rodríguez aclaró que el gasto en personal para el próximo año está en consonancia con la pauta salarial estipulada por el Ejecutivo porteño: “Lo destinado a este gasto se irá actualizando a medida de que se vayan implementando los distintos acuerdos salariales, preservando de esta manera la composición del salario real de cada uno de los empleados de la Auditoría”.

El proyecto de presupuesto para 2019 presentado por el Poder Ejecutivo incluye una partida de $206.626.912 destinada a la Sindicatura General. La presidente del organismo, Mónica Freda, realizó la exposición de los trabajos realizados y objetivos futuros respaldada por sus compañeros Silvia Venenatto, Juan Pablo Laporte, Carlos Maza, Emilse Teyo, Carlos Valero, Valeria Maddaloni, Sara Nicolini y Cristian Ludovisi.

En cuanto a los objetivos estratégicos para el próximo año Freda se refirió a fortalecer vínculos y los sistemas de control, promover buenas practicas y excelencia academica y profesional, y colaborar con el cumplimiento del acceso a la información y transparencia de la gestión.

Algunos de los logros realizados “sin desvíos y dentro de la asignación de este año”, según la funcionaria, fueron la realización de 160 auditorias, la utilización de las unidades retributivas de régimen modular de planta de gabinete, la recertificación norma ISO con 5 fortalezas y sin observaciones, la certificación de eventos de control interno, las variadas capacitaciones y los convenios de cooperación con distintos organismos provinciales de control y auditoria interna.

“Buscamos la profesionalización del personal mediante continua capacitaciones, trabajar en equipo y acompañar la gestión de gobierno asegurando un sistema de control interno que consolide las medidas gubernamentales para anticipar los riesgos y los objetivos del estado, siempre pensando en la mejora de calidad de vida de los ciudadanos”, concluyó Freda.

La Sindicatura General tiene a su cargo el control interno, presupuestario, contable, financiero, económico, patrimonial, legal y de gestión, así como el dictamen sobre los estados contables y financieros de la administración pública.

Por último, el presidente de la Procuración General, Gabriel Astarloa, presentó el los ejes del presupuesto con un monto solicitado para el área al Poder Ejecutivo de $1.032.757.175.

El funcionario señaló ocho objetivos ministeriales que luego tienen proyectos particulares de gestión: el seguimiento de juicios más relevantes, disminuir la conflictividad y costos por demandas, acelerar tiempos y aumentar recaudación, el control de legalidad, que los sumarios sean resueltos a la brevedad, la adquisición de buenas practicás y capacitación permanente, el servicio jurídico gratuito y el seguimiento de juicios de herencias vacantes.

Entre otros puntos, destacó la continuación de la obra de refuncionalización del edificio del organismo, el trabajo del personal y anticipó la realización de un cercano concurso de ingreso para abogados a la Procuración.

“Nuestro objetivo es colaborar con la gestión para que el gobierno lleve adelante sus proyectos. Somos concientes de la importancia del órgano y de la independencia técnica que hace falta tener, tenemos un compromiso de diligencia para ayudar a que los vecinos de la ciudad vivan cada día mejor”, afirmó Astarloa.

El legislador Hernán Arce (PS) solicitó un pedido de informe desde octubre de 2017 hasta la actualidad sobre los procesos judiciales iniciados en la Procuración.

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representa a la Ciudad en todo proceso en que se controviertan sus derechos o intereses. Como Organismo de Control, tiene a su cargo dictaminar sobre la legalidad de los actos administrativos, actuar en defensa del patrimonio de la Ciudad y ejercer su patrocinio letrado.