Vendedores ambulantes e inmigrantes denunciaron desalojo y represión policial en Once y Flores

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Publicado: 13/12/2019
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A partir de la sanción de las reformas al Código Contravencional en la Legislatura porteña, las reglas de convivencia en las calles porteñas cambiaron, y se buscará “mantener el orden” con más “mano dura”.

Este miércoles 11, vendedores ambulantes y migrantes denunciaron el “desalojo y represión” por parte de las fuerzas policiales en las zonas de Once y Flores. Hay aun dos detenidos, y se alzan en contra de algunos puntos del nuevo Código.
 
Para esto, Omar Guaraz, líder de Vendedores Libres, el sindicato de vendedores ambulantes y manteros en la CTA de los trabajadores, habló con NU para dar su versión de la “violencia institucionalizada” que viven las y los vendedores e inmigrantes:
 
“En los operativos de ayer en Once y Flores hubo ocho detenidos, dos senegaleses heridos, y los operativos continúan. Igual no es nuevo, en solo un año hubo 1200 senegaleses detenidos en estos dos barrios”.
Luego, en relación a la reforma del Código, Guaraz señaló que ahora establece que “será detenida durante 48 hs cualquier persona que cometa una contravención o falta municipal, hasta que tenga una entrevista con una jueza contravencional donde, al igual que una persona que cometa delitos, se les propondrá juicios abreviados o probations para no llegar a ‘condena’”. Y agregó: “Además, los fiscales no están obligados a enviar médicos a las comisarías, por lo cual no se podrá constatar si hubo o no abusos policiales”.
 
Ante la preocupación de este sector, Guaraz se reunió con los legisladores Leandro Halperin (Evolución), Victoria Montenegro (Frente de Todos) y Laura Marrone (Frente de Izquierda y de los Trabajadores), y aseguró que en las próximas semanas se reunirá con otros funcionarios porteños para poder ejecutar una defensa a este colectivo, tal como el defensor adjunto de la Ciudad, Luis Duacastella, quien informó públicamente que su organismo presentará un pedido de inconstitucionalidad ante cada prisión preventiva de hecho, y señaló a este proyecto como una “regresión” en los derechos de la defensa.
 
El rechazo a esta iniciativa también fue expresada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). 
 
Desde el CELS, la abogada  del equipo Seguridad democrática y violencia institucional, Ana Adelardi, señaló  incluso que “en nombre de clarificar el procedimiento contravencional se lo está transformando en un pequeño código procesal penal, que se aplicar sobre los ‘sospechosos de siempre”.
 
 
Según la RAE, “hostigar” es molestar a alguien o burlarse de él insistentemente. En el sentido jurídico, es el comportamiento que se encuentra amenazante o perturbador.
 
En este contexto, Guaraz hizo hincapié en las interpretaciones que la nueva reforma al Código establece: “La contravención de hostigamiento e intimidación se puede ejecutar incluso por redes. Es decir, si un particular u organización utilizando las redes da una opinión incluso política en nuestra amplia libertad de expresión hace que un particular o funcionario político pueda sentirse hostigado o intimidado, inmediatamente puede denunciarte al fiscal de turno. Ergo, el emisor o emisora puede quedar automáticamente 48 hs presa. Incluso un periodista grabando puede resultar preso por ‘hostigamiento’”.
 
“Desde que Mauricio Macri fue jefe de gobierno porteño hasta Larreta, siempre buscaron equiparar la venta callejera al delito, buscaron en mentes penales brillantes de la derecha cómo hacerlo”, opinó el referente de los manteros, y adhirió que no solo los jueces federales no entienden como delito la venta de elementos siempre y cuando sean réplicas, sino que además “en los últimos años, producto del plan ecónomico de ajuste, la calle, parques y plazas se llenó de vendedores ambulantes que se sumaron a los que ya existían, en búsqueda de subsistencia económica”.
 
Para concluir, el referente de Vendedores Libres, expuso: “La calle se ha unido luego de la ley del 5 de diciembre último, vendedores callejeros, manteros, músicos y artistas, porque va por nuestro trabajo y libertad. Juntos tomaremos todas las acciones junto a la Defensoría General, el CELS y otros para desarrollar las iniciativas para impedir que esta ley atente con nuestro trabajo y las libertades mas básicas de nuestra sociedad”.
 
noticiasurbanas.com.ar