La Comisión de Presupuesto tratará la ampliación presupuestaria pedida por Rodriguez Larreta

El proyecto de ley propicia autorizar “al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas, a contraer en el mercado local y/o internacional, uno o más empréstitos con Organismos Multilaterales de Crédito, Bancos de Desarrollo, Instituciones Financieras de Fomento de las Exportaciones, Instituciones Financieras Bilaterales de Desarrollo y/o cualquier otra institución financiera local o internacional; y/o a emitir títulos de deuda en el mercado local y/o en el mercado internacional”.

Según expresa el artículo 1°, las operaciones “tendrán un plazo mínimo de amortización de un año y un monto máximo total de 305.000.000 de dólares estadounidenses o su equivalente en pesos, otra u otras monedas”. En tanto, el artículo 2° faculta por esa suma a “ampliar el Programa de Financiamiento en el Mercado Local, creado por Ley N°4.315 y sus normas modificatorias y complementarias y/o el Programa de Asistencia Financiera, instrumentado por la Ordenanza N° 51.270 y sus normas modificatorias y complementarias”.

Propone que las operaciones de crédito público tendrán como destino el financiamiento de los siguientes proyectos:

– Modernización de la linea D (Etapa I) de la red subterráneos por un monto máximo total de U$S 105.000.000.

– Procesos de Integración Socio-Urbana por hasta U$S 100.000.000 en los barrios Rodrigo Bueno, Playón de Chacarita y Villa 20.

– Obras y gastos asociados a los proyectos Viaductos Ferroviarios elevado en las vías del Ferrocarril General San Martin, en el tramo comprendido desde la Estación Palermo (aproximadamente) hasta la estación La Paternal y en las vías del Ferrocarril Mitre (Ramal Tigre), entre la Avenida Dorrego y la Avenida Congreso, considerados de interés estratégico a través de los convenios complementarios al Convenio Marco en Materia de Transporte Ferroviario celebrado entre el Estado Nacional y el GCABA y aprobado por Ley N° 2.818 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), por un monto máximo total de hasta USS 100.000.000.

El proyecto de ley prevé que “podrán constituirse plazos fijos en dólares estadounidenses y/o en pesos y/o en otras monedas, y/u otras inversiones financieras a través del Banco Ciudad de Buenos Aires u otras entidades financieras hasta tanto se efectúe la aplicación definitiva de los fondos provenientes de las operaciones de crédito público” autorizadas por la nueva normativa.

Los títulos que se emitan en el marco del Programa de Asistencia Financiera se suscribirán e integrarán en efectivo. Y “en el marco del Programa de Financiamiento en el Mercado Local podrán suscribirse e integrarse en efectivo, y aquellos denominados en moneda extranjera podrán suscribirse, integrarse y cancelarse en pesos al tipo de cambio aplicable que se acuerde con el/los colocador/es respectivo/s”.

Regiría un plazo mínimo de un año a partir de la fecha de emisión. Respecto al precio de emisión, podrán emitirse a su valor nominal y/o con descuento o prima respecto de su valor nominal. Y la tasa de interés podrá ser fija, variable o mixta, con pagos de interés trimestrales, semestrales o anuales.

Los títulos podrán ser al portador, nominativos o escriturales, y/o estar representados por uno o varios certificados globales depositados en entidades de registro del país o del exterior: y se emitirían en las denominaciones que se acuerden con el/los colocador/es respectivo/s. Se postula el rescate antes de su vencimiento y se amortizarían a su vencimiento en un único pago o en diversos pagos a realizar durante la vida de los títulos.

Se faculta la emisión de una o más clases y/o series y reabrirlas. incluyendo la reapertura de clases y/o series anteriores. Y en cuanto a la jurisdicción los emitidos en el marco del Programa de Asistencia Financiera se regirían por la ley de Inglaterra. “Los conflictos que pudieran presentarse en relación a los títulos, sus cupones, si los hubiera, y los acuerdos relativos a su emisión, serán resueltos por los tribunales de Inglaterra”. En tanto, los títulos emitidos en el marco del Programa de Financiamiento en el Mercado Local se regirían por la ley de la República Argentina y los eventuales conflictos quedarían sometidos a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteños.

Por el artículo 5° se autoriza al Ejecutivo, “a negociar, acordar, emitir y suscribir una o más garantías incondicionales e irrevocables, pudiéndose asimismo afectar los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, o el régimen que en el futuro lo remplace, para el repago de todas las obligaciones que surjan del o los contratos de préstamo, así como también los demás documentos relacionados y/o complementarios que resulten necesarios”.

“La necesidad de recurrir a financiamientos alternativos para afrontar los compromisos asumidos en el marco de estos proyectos obedece a que la asistencia proveniente del Estado Nacional no está desarrollándose plenamente, a la vez que se halla sujeta a condicionamientos que obstaculizan su efectividad”, argumentó el Jefe de Gobierno en los fundamentos.

Modificaciones al Presupuesto General

Además, la comisión firmó el dictamen favorable a la modificación por $ 23.500.252.050 del Presupuesto General de la Administración del GCABA para el Ejercicio 2018, aprobado por Ley N° 5.915. Habilita a que el Ejecutivo efectúe las readecuaciones crediticias que quedarían excluidas de la limitación porcentual establecida por el artículo 22 de la mencionada ley.

El proyecto del Jefe de Gobierno propone una ampliación de $ 6.153.700.000 en los créditos asociados al gasto en personal de la Ciudad por los acuerdos salariales del primer semestre del año con las distintas organizaciones gremiales.

Por otra parte, en concepto de bienes de consumo, se incorporan al presupuesto vigente $ 683.200.000 destinados principalmente a la adquisición de medicamentos y otros insumos para el sistema de salud y de productos lácteos destinados al Ministerio de Educación e Innovación.

En cuanto a los servicios no personales, se incorporarían $ 5.753.200.000 en concepto de mayores gastos originados en la prestación de los servicios de comida destinados a hospitales, escuelas y programas sociales; conjuntamente, se incluyen las erogaciones correspondientes a la limpieza de hospitales, la recolección de residuos, las locaciones de servicio de varios ministerios, los servicios básicos de las dependencias públicas, la redeterminación de precios de los servicios de seguridad privada y de digitalización de infracciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, los servicios de transporte y limpieza del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y de transporte y alquileres del Ministerio de Educación e Innovación, entre otros.

Por el lado de los bienes de uso, se incluyen $ 3.648.600.000 destinados a atender los requerimientos de inversión en obras y equipamiento de diversos ministerios.

Se contempla, además, la ampliación de las transferencias por $ 2.487.352.050. Estas mayores erogaciones se originan, principalmente, en el subsidio de la educación de gestión privada, para atender el acuerdo paritario del ejercicio; del mismo modo, se incluye la mayor previsión en concepto de subsidio a la tarifa del servicio de transporte subterráneo, los subsidios sociales, el subsidio de la energía eléctrica en asentamientos y barrios carenciados y las becas del Ministerio de Cultura.

Por último, se estiman $ 4.774.200.000 adicionales para la atención de los servicios de la deuda pública. Los fundamentos expresan que “esta proyección de mayor gasto obedece a la fluctuación, entre el valor previsto en la estimación presupuestaria y el valor real, en las variables más significativas que hacen a tales erogaciones. En efecto, se observa una importante variación entre el tipo de cambio promedio previsto para el dólar en el presupuesto ($ 19,30) y el tipo de cambio real, alrededor de $ 28, con el que hubo que afrontar algunos pagos de servicio de deuda. Del mismo modo, la tasa Badlar prevista originalmente en un valor promedio anual de 21% varió significativamente los últimos meses, llegando a un máximo de 36,125% “.

El Ejecutivo argumentó que “con el fin de dar solución a los problemas crediticios sin afectar la sustentabilidad de las cuentas públicas, se estima pertinente incorporar al Cálculo de Recursos, la suma de $ 21.188.995.459 provenientes de la estimación del incremento de la recaudación tributaria”, conforme los montos y supuestos que para cada impuesto se detalla a continuación:

– Inmuebles: $ 443.284.809 en concepto de aumento en la emisión del impuesto predial, entre otras causas, por la expansión de la base imponible como consecuencia de distintos operativos de fiscalización y de la adecuación de los valores del suelo y de edificación. También se incorpora mayor recupero de deuda por medio planes de facilidades de pago.

– Vehículos: $ 271.366.124 que se corresponden con la evolución, superior a la estimada, que viene presentando el mercado automotor y el incremento en la recaudación por planes de facilidades de pago.

– Contribución a cargo de la compañías de Electricidad $ 1.100.000.000, explicados por el aumento en los ingresos de las compañías eléctricas como consecuencia directa del proceso de adecuación de las tarifas del servicio.

– Sellos: $ 944.800.000 provenientes en gran medida de los mercados de automotores y de inmuebles: por el lado de los vehículos, se incrementaron tanto las ventas de O km como las transferencias de vehículos, ambas transacciones gravadas por este impuesto. A esto hay que sumarle incrementos en los precios por transacción. En el mercado inmobiliario, además del incremento en el valor del dólar, se mantuvo en un nivel elevado la cantidad de escrituras: de acuerdo a datos del Colegio de Escribanos, se incrementaron en 31,8% respecto a 2017 en el acumulado de los primeros cinco meses del año.

– Impuesto Sobre los Ingresos Brutos: $ 11.930.500.0004 primordialmente, por el incremento del nivel de precios. En un principio se plantearon pautas macrofiscales de 3,5% de crecimiento del PBG y 12%de inflación para la Ciudad. A la fecha se ha comprobado que el aumento en el nivel de precios ha superado ampliamente la meta original (27,2% interanual del mes de mayo), lo que impacta fuertemente en la recaudación de este impuesto. La Reforma Tributaria orientada a la reducción de la carga impositiva ha tenido hasta el momento un efecto más lento que el esperado. Además, se agrega un monto de recursos asociado al incremento en los planes de pago en función de las acciones emprendidas por parte de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (fiscalizaciones, intimaciones, etc.) con el fin de disminuir la evasión y morosidad en este tributo.

– Contribución Especial Ferroviaria — Ley N° 4477: $ 77.194.526, como consecuencia directa del incremento en las tarifas de peaje de las autopistas de la Ciudad.

– Coparticipación Federal de Impuestos: $6.421.850.000 como resultante de la modificación en la afectación del impuesto a las ganancias y el cambio del porcentaje correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires en la distribución secundaria del régimen.

De igual forma, en concepto de recursos no tributarios se calcula el ingreso adicional de $ 1.316.067.260 derivados de la mayor previsión en el cobro de tasas, derechos, multas por infracciones, diferencias de cambio y comisiones, entre otros.

Por venta de bienes y servicios se proyecta una recaudación extra de $ 570.000.0004, provenientes del recobro de los servicios de salud prestado por efectores de la Ciudad y del servicio de policía complementaria que presta la Policía de la Ciudad.

Por último, por Rentas de la propiedad se estima obtener ingresos complementarios por $ 425.189.331 en concepto de intereses del Bono Compensatorio del Consenso Fiscal, dividendos de Lotería de la Ciudad S.E. y del Banco Ciudad de Buenos Aires, este último conforme la Ley N° 4.038 (texto consolidado por Ley N° 5.666).

La presidente de la Comisión de Presupuesto, diputada Paula Villalba (VJ), encabezó la reunión de la que también participaron los legisladores Francisco Quintana, Lía Rueda, Claudio Romero, Cristina García, Victoria Roldán Méndez, Claudio Cingolani, Diego García de García Vilas, Daniel Presti, Paola Michielotto, Christian Bauab (VJ), Marcelo Depierro (MC), Marcelo Guouman (E), Mariano Recalde (UC), Sergio Abrevaya (GEN).

Ambos proyectos de leyes tienen pedido de tratamiento preferencial para la sesión ordinaria del próximo jueves 16.

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