El gobierno porteño intenta flexibilizar los procedimientos para vender tierras que pertenecen a la Ciudad. Desde el Ejecutivo aseguran que la normativa servirá para atraer a nuevos jugadores del real estate.
La oposición consideran que tiene por único objetivo evadir a la Legislatura, donde el oficialismo perderá la mayoría absoluta a partir de diciembre.
Hasta ahora y por mandato constitucional cualquier enajenación de bienes debía contar con las dos terceras partes de los votos en la Legislatura para aprobarse. En el oficialismo aseguran que continuará siendo así, mientras que el peronismo consideran que la normativa introduce la posibilidad de saltear al parlamento.
"Nunca hubo intención que se venda de manera directa y que después se ratifique por ley. El artículo en cuestión es una previsión que ya existía en la ley vigente. Para evitar confusiones vamos a evaluar modificaciones", explicaron desde el gobierno porteño.
El proyecto que envió Horacio Rodríguez Larreta a la Legislatura contempla modificaciones a lo que dispone la Ley 2095 que reglamenta las compras y contrataciones de la Ciudad. Según explicaron a LPO desde Parque Patricios, en las últimas subastas de tierras públicas se presentaron muy pocos oferentes.
Según la ley actual los compradores deben abonar un porcentaje del total dentro de los cinco días de realizada la compra y el resto pocos meses después. Sin embargo, de aprobarse la normativa se abrirán infinitas opciones a discreción del Ejecutivo.
"Flexibilizar los métodos de pago es una manera de abrir las subastas a otros jugadores", explicaron. "Acá las empresas que pueden presentarse a las licitaciones grandes son cuatro o cinco, aspiramos a que sean más", agregaron desde la jefatura de gobierno.
Sin embargo en la oposición creen que proyecto tiene que ver con la voluntad del ejecutivo de saltear los controles de la Legislatura. "Sería volver la excepción regla y que ya no tenga que explicar el destino que quiere darle a los inmuebles", dijo a LPO la legisladora kirchnerista Paula Penacca.
La diputada electa señaló que si la ley se aprueba, el Ejecutivo no necesitará los 2/3 de los votos del parlamento, como sucede hasta ahora, para enajenar tierras.
"El planteo es que vende y luego la Legislatura necesita sancionar su rechazo para deshacer la venta. Con esto se pasa de necesitar 21 legisladores para evitar una venta a necesitarse 31 para dar marcha atrás a una venta ya realizada", rechazó Penacca.
Casi simultáneamente con el proyecto, el gobierno envió un listado de 60 edificios y terrenos que considera "innecesarios para la gestión".
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