El Gobierno nacional decidió postergar el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad
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La Asociación de Magistrados y el sindicato que agrupa a los judiciales habían manifestado sus reparos
Para evitar otro frente de conflicto en diciembre, el ministro de Justicia, Germán Garavano, postergó el traspaso de competencias judiciales al ámbito de la Ciudad, algo ya acordado entre el presidente Mauricio Macri y el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Por la férrea oposición de la Asociación de Magistrados y el gremio judicial, de Julio Piumato, la discusión se trasladará a 2017.
El próximo 30 de noviembre, Macri y Rodríguez Larreta tenían previsto firmar cinco convenios para sellar el traspaso a la órbita porteña de la Inspección General de Justicia (IGJ), el Registro de la Propiedad Inmueble, Defensa al Consumidor y los juzgados penales y laborales. La estrategia –un "Plan B" según los hombres del Gobierno porteño– fue diseñada tras fracasar por falta de quórum el intento de derogar en el Congreso ciertos artículos de la ley Cafiero. De no haber existido la presión de los magistrados, el traspaso de competencias habría sido un trámite que los poderes legislativos de la Nación y de la Ciudad habrían tenido que votado "a libro cerrado".
La rémora en el traspaso será exhibida hoy, en medio de las elecciones de la Asociación de Magistrados, como una victoria de la lista bordó, que encabeza la camarista comercial María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero.
La fuerza dominante y sus adversarios internos plantearon que el traspaso no contempla "garantías de estabilidad".
En cambio en el ámbito porteño sostuvieron a El Cronista que ningún empleado perdería beneficios. Aseguraron que los convenios respetan los derechos previsionales, la intangibilidad de la remuneración y la estabilidad laboral. A su favor, además, tienen el expreso apoyo de la Corte Suprema y del Tribunal Superior porteño, que advirtió en reiteradas ocasiones que la actual situación coarta los derechos de los ciudadanos de la Ciudad. Por eso, y por lo ya acordado con Nación, el freno tomó por sorpresa a los negociadores.
De todos modos, desde el Gobierno nacional confirmaron a este diario que "el traspaso sigue en marcha". Los convenios en discusión involucran a 3000 agentes de la Justicia nacional ordinaria, y suponen la transferencia de $ 5400 millones, que se obtienen del reparto primario de la coparticipación.
FUENTE: Ezequiel M. Chabay / El Cronista
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