La Defensoría de la Ciudad presentó el libro “Iniciativas Legislativas”
Los proyectos y leyes sancionadas por la Legislatura porteña que fueron impulsados por la Defensoría del Pueblo en los períodos 2014 y 2015 y 2003-2014, fueron compilados en el libro “Iniciativas Legislativas”, que se presentó ayer en salón dorado del palacio legislativo de la Ciudad.
La Vicepresidenta I de la Legislatura porteña, Carmen Polledo (PRO) participó del acto y señaló que el libro muestra “un esfuerzo muy grande e inusual para este organismo”, que se refleja en la cantidad de proyectos presentados y sancionados
Por su parte, el diputado Francisco Quintana (PRO) dijo que el libro “nos permite ver cuán importante es el aporte” de la Defensoría. “Más de 200 proyectos de ley haciendo buen uso y jamás abuso de este derecho de presentar proyectos”, distinguió el legislador.
Las iniciativas de la Defensoría que se transformaron en leyes han sido más de 35 proyectos, como la incorporación al código de planeamiento urbano el rubro de centros culturales; la obligación de no efectuar diferencias de precio entre las operaciones al contado y con tarjeta; la incorporación de inmuebles catalogados como singulares por su valor histórico y arquitectónico para el patrimonio urbano; entre muchos otros.
Entre los proyectos están el de extender el horario del subte los días hábiles hasta la 1.30 y los viernes sábados y feriados, hasta las 3 de la madrugada; el nuevo código electoral para la ciudad; el proyecto de catalogación de las estaciones de ferrocarril por su valor histórico; la tarifa de transporte integrada para que con el pago de un solo pasaje se pueda hacer un trasbordo sin pagar demás; la prohibición del empleador de exigir certificado o test de embarazo para trabajadoras; entre muchas otras.
La Defensoría del Pueblo es un órgano unipersonal e independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que no recibe instrucciones de ninguna autoridad.
Es su misión la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados en la Constitución Nacional, las leyes y esta Constitución, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración o de prestadores de servicios públicos.
Tiene iniciativa legislativa y legitimación procesal. Puede requerir de las autoridades públicas en todos sus niveles la información necesaria para el mejor ejercicio de sus funciones sin que pueda oponérsele reserva alguna.
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