Los barrios con más denuncias por discriminación en la Ciudad

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Publicado: 29/11/2017
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Palermo y Balvanera fueron los dos barrios donde más denuncias por discriminación hubo el año pasado. El dato es del Ministerio Público Fiscal porteño, que precisó que la mayoría de los casos fueron de xenofobia. Sin embargo, a nivel global, el antijudaísmo fue el motivo más extendido de discriminación en la Ciudad.


Ambos barrios concentraron un cuarto del total de denuncias. Le siguieron Flores y Caballito, ambos con un 6%, y luego Monserrat y Recoleta con el 5%. En los primeros seis meses de este año, sin embargo, fue este último barrio el que se ubicó al tope de las denuncias.

En total, el año pasado hubo un 20% más de casos que en 2015.

En Balvanera, la mayoría de los casos de discriminación se relacionaron con la falta de respeto a las diversidades sexuales (identidad de género y orientación sexual). En Flores, Palermo y Caballito, con el antijudaísmo. Y en Monserrat, otra de las zonas más afectadas, la marginación tuvo que ver con agresiones motivadas por las características físicas de las víctimas de este tipo de actos.

En toda la Ciudad, fue el antijudaísmo el principal motivo de denuncias por discriminación recibidas en la Fiscalía el año pasado: concentró un 22% de los 210 reclamos. El barrio con más denuncias por este tema fue Palermo.

Uno esas denuncias fue la que realizó en abril la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) contra un blog con publicaciones antijudías. La Justicia porteña le ordenó al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que bloqueara ese sitio.

Pese a la creciente atención que se le presta al cyberbullying, la mayoría de los casos denunciados se dieron cara a cara, ya sea en viviendas particulares (60%) como en el espacio público (26 %). Sólo un 11% tuvieron por escenario las redes sociales y servicios de mensajería instantánea como WhatsApp.

Sin embargo, hubo una historia de acoso online que cobró notoriedad: la de una persona que publicó mensajes antijudíos en una red social contra una persona en particular. El acusado fue a una mediación, aceptó pedir disculpas públicas en la misma red social y hacer una visita guiada al Museo del Holocausto porteño.

Todas las denuncias fueron encuadradas como infracción según alguna de estas dos normas: el artículo N°65 del Código Contravencional porteño (Ley 1.472), o la Ley Nacional 23.952. Mientras que el primero prevé multas y trabajo comunitario, la legislación nacional sanciona hasta con tres años de prisión los actos discriminatorios.

Para Gustavo Galante, secretario general de Acceso a Justicia del Ministerio Público Fiscal porteño, la mayor cantidad de denuncias en determinados puntos de la Ciudad “no significa necesariamente que este tipo de hechos no ocurran en otras zonas, sino que hay sectores en estado de vulnerabilidad que no conocen sus derechos”, explica. Por eso, destaca, el organismo instaló oficinas judiciales en los barrios, “para que el acceso al sistema judicial sea menos rígido y no obligue a trasladarse a una sede policial o lejos de la casa”.

Entre los casos registrados, y que más estado público tomó, está el de una pareja de chicas que en agosto del año pasado denunciaron que los mozos y el encargado del tradicional café La Biela las maltrataron y las echaron del lugar por besarse y acariciarse en público. El INADI llevó adelante cinco conciliaciones entre las partes, que no tuvieron éxito, y finalmente emitió un dictamen a favor de las denunciantes.

Otra historia reciente es la de dos policías de la Ciudad que denunciaron que una mujer se había referido a ellos como seres inferiores por sus características físicas y su profesión. La acusada fue condenada a una multa de $ 1.000 y a hacer un curso de convivencia en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (ex ESMA).

Hay casos que incluso están cerca del juicio oral y público. Uno es el de un joven al que no lo dejaron entrar a un boliche por tener origen asiático. Otro es el de un expositor de 25° de la Feria Internacional de “Caza, Pesca y Outdoors- Armas 2016”, en La Rural: en su puesto se exhibían esvásticas y fotos de Adolf Hitler.

La inclusión laboral de personas con discapacidades sigue siendo una cuenta pendiente en nuestro país. Según datos de la compañía de recursos humanos Adecco Argentina, el 71% de las empresas no tienen personas con discapacidad empleadas. Y el Estado Nacional, que debería tenerlas en al menos el 4% de su planta laboral, apenas llega al 1%.

En el país viven 5.000.000 de personas discapacitadas, lo que constituye el 12,9% del total de la población. De ellas, el 44% son jefes o jefas de hogar. El dato es del último censo nacional, realizado en 2010, según el cual, además, siete de cada diez personas con discapacidad intelectual en edad productiva no tienen trabajo.

El sector público está obligado a dar puestos de trabajo a discapacitados, según el artículo 8 de la Ley 22.431 para empresas e instituciones vinculadas con el Estado. Este cupo es del 4%. Los privados, en cambio, no deben cumplir con un número determinado.

En Staples, empresa que vende artículos de oficina, el 5% del staff tiene algún tipo de discapacidad. En 2008, la compañía contrató a tres personas ciegas para su equipo de ventas. En 2010 se sumaron dos con discapacidad intelectual a las tiendas. Más tarde se incorporaron otros cinco empleados en esa condición.

 Fuente Clarin