El encuentro tendrá lugar en el Palacio de Tribunales donde estarán presentes funcionarios de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, del Estado Nacional, de los gobiernos bonaerense y porteño y de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA).
La se quejó porque no fueron invitados a participar de la audiencia vecinos y delegados de las villas y asentamientos ubicados sobre el Camino de Sirga.
"Los vecinos siguen sin ser parte del proceso de relocalización y sus derechos continúan siendo vulnerados. La Defensa Pública planteó que uno de los desafíos más importantes en esta causa es procurar la participación efectiva, directa y real" de quienes se ven "afectados en su calidad de vida", señaló el defensor adjunto, Luis Duacastella.
El defensor dijo que "los vecinos organizados tienen derecho a efectuar consultas y reclamos que permitan la construcción de diálogos en la planificación y ejecución de políticas públicas. Ellos, desde siempre, fueron parte de la solución y no del problema", afirmó.
A finales del 2017 reubicaron a 118 familias de la Villa 26 (Barracas) y más de 500 de los asentamientos Luján y Magaldi; de El Pueblito (Nueva Pompeya), así como a otros tramos de la villa 21-24, también junto al Riachuelo. Con esta última mudanza, una de cada tres familias que vivían junto al Riachuelo (1.837 según un censo del 2015) fueron reubicadas en zonas donde no peligre su salud por motivos ambientales.
"El compromiso de la Ciudad es que para 2019 no haya ninguna residiendo en las riberas porteñas del Riachuelo", afirmó a Télam un vocero del organismo.
Fuente Clarin.com
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