Multitudinaria movilización al Congreso por el aborto legal seguro y gratuito

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Publicado: 30/05/2019
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Desde el martes al mediodía, los alrededores del Congreso una multitud de personas que esperaron la octava presentación del proyecto de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), realizado por la Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito hace catorce años.
Con más de cien convocatorias en distintos puntos del país y el extranjero, el pañuelazo federal por el aborto legal seguro y gratuito acompañó la octava presentación del proyecto de ley que plantea la interrupción voluntaria del embarazo. El mismo que el año pasado consiguió media sanción en la Cámara de Diputados y propició un debate histórico.
 
La movilización central tuvo de fondo el Congreso de la Nación. Las actividades comenzaron en la Plaza del Congreso a partir de las 15, con talleres, charlas y paneles. El pañuelazo a las 17.30 durante la presentación del proyecto, acto que pudo seguirse vía streaming y por las pantallas que estuvieron ubicadas alrededor del Congreso.
 
El colectivo Actrices Argentinas, integrado por más de 400 artistas, instaló un gazebo en Callao y Rivadavia, donde habrá conferencia de prensa a las 20. Participarán, entre otras, Muriel Santana, Laura Azcurra, Noemí Frenkel, Julieta Ortega, Alejandra Flechner, Mirta Busnelli, Luisa Kulliok, Verónica Llinás, Leticia Siciliani, Verónica Lozano, Nancy Dupláa, Carla Peterson, Thelma Fardin, Anabel Cherubito y Bárbara Lombardo.
 
En las redes sociales, desde hace tres días se mantienen firmes en espera de la presentación, que se da en el marco del Día Internacional de acción por la salud de la mujer. 
 
El proyecto contiene veinte artículos, modificados tras el rechazo del Senado el pasado 8 de agosto. Entre las principales novedades, se encuentran: 
Convierte en derecho la interrupción voluntaria de embarazo en las primeras 14 semanas de gestación y más allá de ese plazo, cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de violación (no se debe exigir denuncia).
 
Incorpora la definición de “persona gestante”, como el texto que obtuvo media sanción en Diputados el año pasado. Al establecer el alcance de la ley, habla incluso, de “toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar”.
 
Define que se debe garantizar la práctica de la IVE dentro de los cinco días de su requerimiento y debe estar cubierta la práctica en hospitales, obras sociales y prepagas.
 
Prevé “asesorías” para las mujeres o persona gestantes que así lo requieran, donde recibirán información, acompañamiento y métodos anticonceptivos.
 
Establece que no se puede exigir ninguna autorización judicial para brindar un aborto legal.
 
Fija penas de prisión de 3 meses a 1 año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena a la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de salud que “dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados”. Y eleva hasta 5 años la pena de prisión si resultara la muerte de la mujer o persona gestante.
 
Como el proyecto anterior, no criminaliza a las mujeres y otras identidades con capacidad de gestar que se sometan o practiquen un aborto por fuera del plazo de 14 semanas y de las causales establecidas. En el caso de los profesionales de la salud que intervengan solo mantiene penas cuando se practique sin el consentimiento de la mujer o persona gestante.
 
En relación a las adolescentes, el texto dice que si se trata de una persona menor de 13 años quien demande la práctica, “se requerirá su consentimiento informado con asistencia de al menos uno de sus progenitores o representantes legales”. Y cuando tiene entre 13 y 16 años, “se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar debido consentimiento”. Si su vida o su salud corre grave riesgo por condición preexistente, el consentimiento lo deberá dar uno de sus progenitores. A partir de los 16 años se considera que tiene “plena capacidad” para ejercer los derechos previstos en la ley.
 
Incorpora la dimensión intercultural. En el caso de que la mujer o persona gestante que quiere abortar hablara una lengua diferente, se deberá garantizar la presencia de intérprete con el fin de asegurar una comunicación efectiva en un marco de respeto por la interculturalidad, propone el texto. Por otra parte, aclara que la ley alcanza a cualquier mujer o persona gestante sin distinción de nacionalidad, origen, condición de tránsito y/o status de residencia o ciudadanía.
 
Incluye un capítulo especial donde reafirma la obligación del Estado en relación a la aplicación de la educación sexual integral y establece que se deberá enseñar sobre el aborto definido como un “derecho” de las mujeres y personas gestantes, “a través de contenidos científicos, laicos, confiables, actualizados y con perspectiva de género que puedan fortalecer su autonomía”. Deben incluirse los contenidos respectivos en la currícula de todos los niveles educativos, independientemente de la modalidad, entorno o ámbito de las instituciones educativas, sean éstas de gestión pública estatal, privada o social, lo que deberá hacerse efectivo en todo el territorio nacional a partir del ciclo lectivo inmediatamente posterior a la entrada en vigencia de la ley.
 
Según los datos que aportó el año pasado el por entonces Ministro de Salud, Alberto Rubinstein, se producen 41 abortos por hora en Argentina, el 95% en condiciones inseguras. 
 
Es la principal causa de muerte de mujeres gestantes en Argentina desde el retorno de la democracia mientras que su ilegalidad por casi 100 años demostró que no solo no se dejan de practicar abortos, sino que los arroja hacia la clandestinidad y a un negocio millonario de profesionales de la salud que lucran con el cuerpo de las personas gestantes.
 
Asimismo, según la situación vigente, las mujeres van presas por no querer ser madre a pesar de la existencia de legislación constitucional, de 1921, el Fallo F.A.L. en el 2012, y el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) del 2015.
 
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