Proyecto para garantizar “Hospitales Seguros”

La iniciativa de Roy Cortina busca abordar el problema de manera integral que permita prevenir y erradicar definitivamente la violencia y el delito en los hospitales que dependen de la Ciudad.

El diputado asignó a su proyecto el nombre de “Hospitales Seguros”, y establece la creación de un  equipo de trabajo en el que participen todos los actores sociales involucrados que deberá funcionar en el ministerio de Salud porteño, la conformación de una unidad de gestión de conflictos en cada hospital y la creación de una división especial de seguridad hospitalaria en el ámbito de la Policía Metropolitana.

Este el desarrollo de su proyecto de ley:

Artículo 1°.- Dispóngase la implementación del Plan “Hospitales Seguros” que tiene por objeto el desarrollo de estrategias dirigidas a la prevención de la violencia y la erradicación del delito dentro del entorno hospitalario.

Artículo 2°.- El diseño, ejecución y seguimiento del Plan está a cargo de una mesa de trabajo plural e interdisciplinaria, en adelante “la mesa”, que funciona en el ámbito del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Es presidida por el Ministro/a de esa cartera y convoca a representantes de la Subsecretaría de Atención Hospitalaria, las autoridades de los hospitales públicos, los distintos gremios de nuclean a los trabajadores/as de la salud, el Ministerio de Justicia y Seguridad, las fuerzas de seguridad que actúan en el distrito y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 3°.- La mesa lleva un registro estadístico actualizado de los episodios de violencia y los hechos delictivos que hayan tenido lugar en los hospitales públicos.

Establece un mecanismo de notificación que, de manera rápida y sencilla, favorezca su reporte por parte de los trabajadores/as de la salud y a efectos de contar con un diagnóstico inicial de la situación, hace un relevamiento de los acontecimientos de este tipo ocurridos durante los últimos cinco (5) años.

Artículo 4°.- A través de distintos medios de difusión y con la participación de las juntas comunales competentes, la mesa lleva adelante campañas de concientización especialmente dirigidas a fortalecer el vínculo entre los hospitales y las comunidades barriales, procurando desalentar los comportamientos violentos y restablecer el compromiso de aquellas con la vigencia de la salud pública.

Artículo 5°.- En cada hospital público se constituye una unidad especial de gestión de conflictos que, integrada por psicólogos y asistentes sociales, interviene con fines preventivos y disuasivos frente a agresiones potenciales y reales a los trabajadores/as de la salud.

Tiene a su cargo, en consulta con la mesa, la elaboración e instrumentación de protocolos de convivencia y códigos de conducta que enumeren, en forma accesible y detallada, los derechos y obligaciones de esos trabajadores/as, el personal administrativo y de seguridad, los pacientes, sus familias y personas allegadas.

Artículo 6°.- La Policía Metropolitana conforma una división especial de seguridad hospitalaria, cuyos agentes son especialmente capacitados y destinados a prestar servicios en los edificios de los hospitales públicos.

La cantidad de agentes asignados a esta división se determina tomando como antecedente las necesidades surgidas del diagnóstico y el registro previstos en el artículo 3°.

Su distribución busca reforzar las condiciones de seguridad en los accesos, las guardias, las áreas de admisión y de cuidados intensivos.

Artículo 7°.- El Ministerio de Justicia y Seguridad incrementa, gradualmente y comenzando por los más problemáticos, el número de cámaras de seguridad instaladas en los hospitales públicos.

Adopta las medidas que resulten necesarias para que funcionen las veinticuatro horas y trasmitan oportunamente, a fin de garantizar una adecuada capacidad de respuesta por parte de la unidad especial de gestión de conflictos y la división de seguridad hospitalaria de la Policía Metropolitana.

Como complemento, se promueven reformas edilicias en las zonas más críticas y se facilita el acceso de los trabajadores/as de la salud a botones antipánico u otras herramientas digitales que les permitan alertar situaciones de violencia inminente.

Artículo 8°.- La mesa analiza propuestas para mejorar el sistema de otorgamiento de turnos hospitalarios y reducir los tiempos de espera para la atención de las personas en situaciones de vulnerabilidad extrema.

Artículo 9°.- Cada año, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presenta ante la Comisión de Salud de la Legislatura, una evaluación integral del Plan que incluye el detalle de las acciones realizadas en su marco y las metas alcanzadas.

Artículo 10°.- Los gastos que demande la ejecución de la presente son imputados a las partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud y al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 11°.- Comuníquese, etc.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Aunque no existen estadísticas oficiales fehacientes en torno a esta compleja problemática, con frecuencia durante los últimos años, han tomado estado público hechos de violencia de diversa gravedad, perpetrados contra trabajadores/as de la salud en el ámbito de los hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ataques a golpes contra trabajadores de la salud por falta de vacunas, agresiones verbales y amenazas de todo tipo por demoras o carencias del servicio, la irrupción de barras bravas en busca de un rival herido y familiares enardecidos que apedrean una sala de guardia a la que habían sido trasladados los protagonistas de un enfrentamiento armado, son sólo algunos ejemplos de situaciones que han sacudido recientemente la vida hospitalaria.

Es cierto que todo esto se da en un contexto de malestar social que excede al sistema sanitario, pero también lo es que éste se ha convertido en un espacio altamente sensible a ciertas formas de intimidación y agresión que afectan las condiciones de labor de las personas que dedican su vida al cuidado de la salud y los términos de la relación que las mismas entablan con los pacientes.

Las consecuencias negativas de este fenómeno se advierten tanto en el plano individual con las secuelas físicas y psicológicas que padecen las víctimas, como en la dimensión colectiva donde afectan la calidad de la atención y contribuyen al ya marcado deterioro de la salud pública.

Ese cuadro resulta dramáticamente graficado por las declaraciones del Presidente de la Asociación de Médicos Municipales, Dr. Jorge Gilardi, tras un episodio de violencia en el Hospital Piñero a comienzos del año pasado: “No se cuida al que cuida… Trabajamos en una situación de miedo… Nosotros nos estamos perjudicando mucho como equipo de salud, pero el que más se perjudica con estas cosas es el paciente”.

A comienzos de 2011, el Gobierno Nacional anterior contribuyó a agravar este escenario cuando dispuso caprichosamente el retiro de la Policía Federal de los hospitales porteños.

Frente a esa compleja realidad, las autoridades porteñas se han limitado a dar respuestas parciales como la contratación de seguridad privada, la instalación de alguna cámara, un protocolo de dudosa eficacia con botones antipánicos que no alcanzan, puertas reforzadas y escolta a las visitas.

Todas acciones que más que una política pública parecen un reflejo condicionado ante la conmoción pública generada por la trascendencia de hechos puntuales.

Más allá de las particularidades locales, los ataques a los trabajadores/as de los hospitales y otros centros de salud son una realidad de alcance universal que, en el año 2002, llevó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a elaborar, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), las llamadas “Directrices Marco para tratar la Violencia Laboral en el Sector de Salud”.

Tales Directrices hacen hincapié en la prevención y promueven un enfoque integrado y sistemático basado en la participación, al tiempo que ofrecen una guía orientadora del papel que tienen que asumir los distintos actores involucrados para poder luchar efectivamente contra la violencia en el sistema sanitario.

En particular, resaltan como los gobiernos están llamados a suministrar el marco necesario para la reducción y la eliminación de esas formas de violencia, promover la intervención de todas las partes interesadas en las acciones que lleven adelante con ese fin y lanzar campañas de concientización sobre los riesgos de la violencia laboral, al tiempo que como empleadores de los trabajadores/as del sistema público de salud se encuentran obligados a proporcionar un entorno laboral seguro.

Al proponer la creación del Plan “Hospitales Seguros”, el proyecto que venimos a presentar es susceptible de encuadrarse en tales recomendaciones, en cuanto pretende servir de sustento al diseño e implementación de una política pública seria, sostenida en el tiempo y específicamente dirigida a proteger a los trabajadores/as de la salud, que sea la expresión cabal de un compromiso de las autoridades públicas con cada comunidad hospitalaria y la sociedad en su conjunto.

Por eso, para llevar adelante ese Plan, plantea la conformación de una mesa de trabajo plural e interdisciplinaria en la que estén representadas las distintas áreas gubernamentales competentes, pero también el cuerpo directivo de los distintos hospitales y los propios trabajadores/as de la salud, además de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

En el mismo sentido y más allá de las definiciones que se adopten en el seno de esa mesa, la iniciativa enumera un conjunto de acciones que se consideran básicas para cumplir el objetivo de reducir gradualmente las situaciones violentas y delictivas en los hospitales porteños.

Entre esas acciones, se incluyen algunas referidas especialmente al diagnóstico y el registro de casos, el desarrollo de acciones de difusión, la gestión oportuna de los conflictos, la elaboración de protocolos de convivencia y códigos de conducta, la presencia policial especializada y el uso de herramientas digitales de prevención y alerta, sin renunciar a la promoción de una mejora integral de la calidad y los tiempos de la atención brindada.

Por todo lo expuesto y en el convencimiento de que se trata de un aporte que contribuirá a la visibilización del drama que enfrentan cotidianamente los trabajadores/as de los hospitales de nuestra Ciudad y a la instrumentación de medidas que permitan enfrentarlo con eficacia, es que solicitamos el pronto debate de esta propuesta.