La continuidad de la Ley de alquileres lo decidirá el Tribunal Superior de Justicia

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Publicado: 12/06/2019
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Desde su aprobación en agosto de 2017 hasta la fecha, la ley de alquileres se mide en un tire y afloje entre el Gobierno porteño y los corredores inmobiliarios que operan en la Ciudad.
En el medio, como en cada uno de los capítulos de esta historia, quedan los inquilinos y una incertidumbre que no termina de disiparse. Sucede que, aunque por el momento continúa vigente impidiendo a las inmobiliarias cobrar honorarios o comisiones a los locatarios, su continuidad o su caída dependen de lo que decida el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). 
 
Las idas y vueltas legales son complejas. En abril pasado la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad declaró que la ley 5859 es inconstitucional, y con ello abrió paso a una posible suspensión de sus alcances. Esta resolución le daba lugar a los amparos presentados por el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad (CUCICBA), el Centro de Corredores Inmobiliarios y 75 corredores independientes. En agosto del año pasado, el juez de primera instancia Lisandro Fastman había desestimado estos recursos, pero los amparistas apelaron y la Cámara les dio la razón.
 
En dicha resolución reconoce que no pueden desconocerse las reglas de fondo que impiden cobrar comisiones inmobiliarias a los inquilinos cuando éstos se oponen a la intervención del corredor, expresamente, mediante protesto. Pero al mismo tiempo, dice que no se puede impedir que los inquilinos contraten los servicios inmobiliarios y que en esos casos la comisión no puede superar la establecida para los locadores en la normativa vigente (a la fecha equivalente al 4.15% del total de contrato). Con ese fallo, la Cámara habilitó el cobro de comisiones por parte de las inmobiliarias, algo que no se aplicó porque no estaba firme.
 
Ahora, el 30 de mayo último, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña declaró parcialmente inconstitucional ese fallo en positivo y elevó la decisión final sobre el destino de la norma al Tribunal Superior de Justicia. Entre otras cuestiones, el TSJ deberá dirimir sobre la obligación de los corredores de publicitar el derecho de los inquilinos, y la orden impuesta al GCBA de implementar una campaña de difusión de los derechos de los locatarios y de los procedimientos existentes. En este punto se hace hincapié en interiorizar sobre el tema a la Dirección de Defensa al Consumidor, para que pueda resolver frente a las controversias entre locadores, corredores inmobiliarios y locatarios. 
 
En el mientras tanto la ley continúa en vigencia con todos sus atributos, esto es, que exime a las personas que alquilan del pago de comisiones a la inmobiliaria.  A su vez, prohíbe que los corredores cobren gastos de gestoría de informes, y los obliga a exhibir en sus locales y páginas web los derechos de los inquilinos.
 
CLARIN.COM