De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las muertes y lesiones causadas por el tránsito ocasionan pérdidas económicas que pueden representar hasta el 3% del PBI en países de ingresos bajos y medios, como Argentina.
Los costos derivados del tratamiento de los heridos, de la pérdida de productividad de las víctimas que quedan discapacitadas en forma temporal o de por vida, del tiempo de trabajo o estudio que los familiares de los lesionados deben utilizar para atenderlos, así como los daños materiales, los costos administrativos y del sistema judicial, por sólo citar algunos ítems, suman cifras millonarias.
Esto coincide con un reciente informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que estimó que el costo total de la inseguridad vial en la Argentina ascendió a los 175.655 millones de pesos: una carga económica cercana al 1,7% del Producto Bruto Interno. El informe es de 2017, pero sirve para ver un fenómeno que, en un contexto inflacionario, incrementó sus costos.
En un relevamiento efectuado por el Observatorio de Seguridad Vial del Gobierno porteño en los 13 hospitales de agudos de la Ciudad, durante 2018 se contabilizaron 11.440 registros de ingreso hospitalario a causa de siniestros viales. Se prevé que el número se mantenga este año, por lo que se calcula que la inseguridad vial cuesta $ 1.700 millones en un año, alrededor de $ 4,5 millones por día sólo en la atención médica de víctimas que ingresan a los hospitales de la Ciudad.
Los hospitales recibieron, en promedio, 953 lesionados al mes y aproximadamente 31 por día. El 80% de los ingresados fueron heridos leves y el 20% graves: alrededor de 9.100 y 2.300, respectivamente. La permanencia en internación en el hospital público para los heridos graves fue de 6 días en promedio.
La incidencia de lo que se gastó durante 2018 sólo en la atención prehospitalaria, hospitalaria y de rehabilitación de los heridos, comparada con otras partidas del Presupuesto anual del GCBA, es alarmante. Y no hay que olvidar, por otro lado, que la ocupación de camas por parte de los heridos viales, que podrían ser evitados, va en desmedro de pacientes que presentan otras patologías.
Los costos médicos utilizados para elaborar este informe fueron suministrados por un hospital privado y confirmados por una empresa de medicina prepaga: son los valores corrientes de mercado actualizados, los mismos que debe afrontar el Gobierno porteño cada vez que una de sus ambulancias concurre a un auxilio, que uno de sus traumatólogos enyesa la pierna de un peatón atropellado o que un neurocirujano opera a un motociclista que cayó sobre el asfalto.
Es indudable que puede haber diferencias en el cálculo, pero no sustanciales según lo expresado por las fuentes consultadas, con experiencia en ambos lados del mostrador.
Cuando se produce un incidente vial con heridos se requiere asistencia médica inmediata en el lugar del hecho, la que en general es provista por el SAME. La ambulancia que se dirige al lugar, atiende al herido, revisa sus traumatismos, le controla los parámetros vitales, puede aplicarle alguna medicación y lo inmoviliza, entre otros auxilios en el lugar. Luego, el traslado a un hospital público tiene un costo de $ 5.000 por evento. Multiplicado el valor unitario por la cantidad de heridos asistidos, el monto ascendió a 57 millones de pesos.
Para todos los heridos, leves y graves, suele pedirse una rutina de laboratorio. Su valor es de aproximadamente $ 615, por lo que los 11.440 heridos costaron más de 7 millones y medio de pesos en pruebas de laboratorio. Asimismo, para los dos tipos de heridos se solicita un examen radiológico de rutina para todos los pacientes politraumatizados, con RX de diversas partes del cuerpo. El costo del examen radiológico es de $ 1.092, por lo que el total fue 12 millones y medio de pesos.
9.100 heridos leves pudieron retirarse a su domicilio tras recibir curaciones, vendajes o yeso. El promedio de estos insumos es de $ 4.000 (se obtuvo combinando los más caros como el Corset de Risser, que cuesta $ 10.455 y se usa para inmovilizar todo el tronco, y el más barato, que es el yeso para nariz, de $ 738). El costo total superó los 44 millones de pesos.
Este grupo de pacientes (politraumatizados severos) requiere habitualmente varias tomografías y ecografías de rutina. El valor promedio de una práctica típica de imágenes fue de $ 26.590. Respecto de las cirugías, según la afección, la más simple, cuesta $ 12.300, y en el otro extremo una neurocirugía, $ 131.610, por lo que se tomará como promedio $ 61.500.
El costo de internación en Terapia Intensiva, en tanto, es de $ 34.800 por día. Trasladando estos costos unitarios a los 2.300 heridos graves se obtienen los siguientes gastos: 61.500.000 pesos en imágenes, 141.450.000 millones de pesos en cirugías y 480 millones en internación, que tuvo una media de 6 días de duración.
Para los heridos leves calculamos un mínimo servicio de kinesiología, que tiene un valor de $ 246 por sesión y $ 2.460 por módulo. Esto implica que los 9.100 heridos leves insumieron por este ítem un costo de $ 22.140.000.
La rehabilitación de los heridos graves (secuelas motrices, daño neurológico, etc) cuesta aproximadamente $ 12.300 por día y tiene como mínimo una duración de 1 mes.
Si bien hay un hospital de rehabilitación en la Ciudad (el Rocca, en el barrio de Monte Castro), muchos pacientes con daños severos no pueden ser derivados y permanecen en el hospital de agudos ocupando camas por largo tiempo. El costo mínimo por este rubro es de 861 millones de pesos.
De acuerdo con lo expuesto, la suma de todos los costos determina que la atención sanitaria del trauma vial en 2018 implicó para los porteños la suma de 1.700 millones de pesos. Para saber si este número, que de por sí suena exorbitante, es significativo en términos del presupuesto aprobado por la Legislatura, algunas comparaciones resultan útiles.
La atención de los heridos por el tránsito insumió más dinero que todo el presupuesto de 2018 del Hospital Pirovano, que fue de 1.347 millones. Costó casi 6 veces más que los salarios de todos los Agentes de Tránsito juntos, que demandaron 280 millones. A construir nuevos metrobuses se destinaron 136 millones de pesos, doce veces menos. El presupuesto para Infraestructura Escolar (construcción de nuevas escuelas y mantenimiento de las existentes) fue de 917 millones: un poco más de la mitad que lo gastado en los heridos.
El presupuesto de COPIDIS para la inclusión de personas con discapacidad (en muchos casos derivada de siniestros viales) fue de 27 millones: los heridos por el tránsito costaron 50 veces más. Para la asistencia a mujeres víctimas de la violencia doméstica se destinaron 143 millones. Al programa de becas estudiantiles se destinaron 818 millones, menos de la mitad del gasto en atención de la inseguridad vial.
"Los incidentes de tránsito son una epidemia. Uno de cada cuatro llamados al SAME es por un siniestro vial", dijo Alberto Crescenti, al frente del SAME, y agregó: "Los hospitales destinan un 25% de camas para la atención de los heridos por el tránsito".
"El hospital Fernández está especializado en trauma y tiene la mayor complejidad que se puede encontrar en el país. Por eso, el número de camas ocupadas a diario para traumas es muy alta, y en ocasiones pasa que tenemos camas de alta y media complejidad destinadas a estos casos", afirma Carlos Damin, presidente de Fundartox y jefe de Toxicología del Hospital Fernández, y agregó: "Podemos decir que el hospital entero termina estando abocado a patologías causadas por siniestros viales y es alta la ocupación que provocan."
A la luz de estos datos, toda vez que la inseguridad vial es la principal causa de muerte no natural en la Argentina y en la Ciudad, y que su impacto en el sistema hospitalario es enorme, cada vez más gente se pregunta si multiplicar la inversión en prevención no será, en lugar de un gasto, una manera de ahorrar dinero.
Más y mejores controles, el dictado de seguridad vial en las escuelas primarias y secundarias y la realización de campañas permanentes son herramientas que en el mundo han demostrado ser eficientes en términos de costo-beneficio.
Los resultados del estudio sobre impacto económico de las lesiones causadas por el tránsito en el sistema de salud deben ser utilizados como un instrumento de difusión de la importancia de la prevención.
Debe ser prioridad para un país incorporar la mirada del impacto económico para establecer medidas comprobadamente efectivas, tales como mejorar y fortalecer la aplicación de las leyes que establezcan límites de velocidad, prohíban manejar bajo efecto del alcohol, obliguen el uso de cinturón de seguridad a todos los pasajeros, el uso de sillas de retención para el transporte de niños y el uso correcto de casco para todos los usuarios de motocicletas.
Argentina tiene buenas leyes para obligar el uso de equipamientos protectores. La OMS también recomienda establecer el límite de velocidad en áreas urbanas de 50 kilómetros por hora y colocar los límites de alcohol en la sangre de conductores jóvenes en 0.02g/dl. Cuando se analizó el cumplimiento de las leyes en un rango de cero a diez, la nota de la aplicación de la ley fue 5 para el control de velocidad, 6 para el control de la conducción bajo efecto del alcohol, 4 para el control del uso de casco, 5 para el uso de cinturón de seguridad y no se evaluó el control del transporte seguro de niños.
El porcentaje de uso de casco en usuarios de motocicletas aún es bajo en Argentina: 65% entre los conductores y 44% entre los pasajeros; el uso de cinturón de seguridad de los que van adelante es de 41% y de los que van en el banco trasero es de apenas 23%.
Invertir en fortalecer la fiscalización del cumplimiento de las normas y mejorar la gobernanza de la seguridad vial disminuye las muertes y lesiones en el tránsito y consecuentemente el impacto económico de las mismas.
El diálogo entre el sector económico de un país, provincia y ciudades y los tomadores de decisiones del área de movilidad son cada vez más necesarios y deben ser frecuentes.
Dra. Eugenia Rodrigues, asesora regional de Seguridad Vial de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud
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