El accidente donde murió la agente Cintia Choque desnudó una realidad que es habitual en los estados provinciales y en la Nación: los trabajadores que a pesar de llevar años de antigüedad facturan sus servicios.
Además de develar las precarias condiciones en las que trabajan los agentes, la muerte de Choque visibilizó cuestiones desconocidas. Según el artículo 499 de la Ley de Seguridad Pública porteña "El Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte tiene las siguientes facultades: 1. Labrar actas contravencionales cumpliendo con lo establecido en la Ley 12 (texto consolidado por Ley 5454). 2. Labrar actas de comprobación de infracciones cumpliendo con lo establecido en la Ley 1217 (texto consolidado por Ley 5454)".
Así como regula la actividad de la policía porteña, la ley de seguridad rige para agentes de tránsito. Si los agentes no pertenecen a la planta permanente del Estado implica que no están reconocidos como empleados y por ello pierden su poder de policía para labrar actas y multas.
Sin embargo, tal como se comprobó con la muerte de Choque, la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial (DGCACTySV) a cargo de Sergio Pietrafesa envía monotributistas a los operativos además de los empleados de planta. El funcionario depende del secretario de Transporte, Juan José Méndez.
En el gobierno temen una ola de reclamos de automovilistas ante la posibilidad de que sus multas hayan sido redactadas por empleados que no pertenezcan a la planta permanente porteña.
Por eso, el 18 de septiembre pasado, después de negociaciones con los agentes de tránsito, funcionarios del gobierno pidieron que los monotributistas enviaran una nota a la DGCACTySV donde solicitaron que se los "habilite a retomar el labrado de actas de comprobación, contravencionales y boletas de citación".
En el escrito los agentes destacan el "deseo" de poder realizar "en forma eficaz y comprometida" su labor como agentes de tránsito. En la oposición sospechan que la nota podría servirle como excusa a la dirección en caso de que explote un escándalo por multas mal redactadas.
En un pedido de informes aprobado sobre tablas a principios de septiembre, la oposición solicitó que el gobierno porteño indicara "la cantidad de agentes que cumplen tareas en operativos en la vía pública y el porcentaje que está facultado para firmar actas de infracciones".
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