Andrade dijo que el GCBA modificó el convenio con IRSA «para darles más ventajas»

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Publicado: 13/08/2021
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El legislador denunció que "Larreta acaba de firmar una modificación al convenio con IRSA. El texto consolida las ventajas".
«Hoy nos desayunamos que Larreta acaba de firmar una modificación al convenio con IRSA. El nuevo texto consolida las ventajas para el desarrollador inmobiliario y abre la puerta para que IRSA nunca ceda efectivamente la propiedad de la tierra que debe entregar a la Ciudad», escribió este jueves en su cuenta de Twitter, el legislador del Frente de Todos (FdT), Javier Andrade.

Y agregó: «Es insólito que el Jefe de Gobierno de la Ciudad no cuide los recursos y el patrimonio de todxs lxs ciudadanxs, y se dedique constantemente a gestionar para consolidar los privilegios de los grupos económicos concentrados. Se nota mucho».

El convenio entre el Gobierno porteño y la empresa se iba a tratar en la sesión de la Legislatura porteña del jueves pasado, pero el bloque oficialista de Vamos Juntos con el apoyo del bloque de la UCR Evolución decidió reservar el tema en la Secretaría Parlamentaria para tratarlo en cualquier otra sesión.

El proyecto de ley busca la aprobación de un convenio urbanístico que firmó el Gobierno porteño con la empresa IRSA para la construcción de edificios en la Costanera Sur, en el predio de la ex Ciudad Deportiva Boca Juniors

El  proyecto contempla un acuerdo entre la administración porteña y el privado, dueño del predio de 71 hectáreas, para cambiar la actual normativa que rige en los terrenos -que solo permite la actividad deportiva- para habilitar nuevos usos del suelo como los de viviendas y comercios.

Se trata de un acuerdo entre la administración porteña y el privado, dueño del predio de 71 hectáreas, reemplazaría espacios verdes por edificios premium.

El predio se extiende frente a Puerto Madero, al sur de la Reserva Ecológica y al lado del barrio popular Rodrigo Bueno.

A modo de contraprestación por la reforma a cargo de la Legislatura, IRSA cederá a la Ciudad 41 hectáreas que serán destinadas a un espacio de acceso público y cuyo mantenimiento estará a cargo de la empresa por diez años, según se desprende del convenio.

El proyecto fue mandado a la Legislatura porteña a fines de julio y a los pocos días, el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, Guillermo Scheibler, ordenó al Gobierno de la Ciudad «suspender precautelarmente el trámite» del proyecto en análisis en la Legislatura porteña

De esa manera, la justicia porteña dio lugar el sábado al amparo presentado colectivo ambiental presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el IPYPP de Unidad Popular y la Defensoría de Laburantes.

El amparo presentado consideró que el proyecto no cumplió con los procesos previstos para este tipo de proyectos que incluyen la presentación de un estudio de impacto ambiental.

Según el juez, freno estará vigente «hasta tanto el Poder Ejecutivo acompañe las actuaciones administrativas que den cuenta del cumplimiento de las previsiones de la ley 123 respecto del convenio urbanístico», entre ellas, la Evaluación de Impacto Ambiental y Audiencia Pública Obligatoria.

Sin embargo, el oficialismo porteño en la Legislatura avanzó con el proyecto y lo tiene listo para su aprobación en el recinto.

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