La Ciudad evalúa devolver los terrenos que Nación le transfirió a través de Playas Ferroviarias SE, la empresa que administra las tierras ubicadas en los predios de los ex ferrocarriles argentinos.
Se trata de terrenos ubicados en Palermo y Caballito que fueron traspasadas a la Ciudad en un negocio estrambótico para el estado nacional. Llegaron en parte de pago por obras en espacios públicos que debía hacer Nación en territorio porteño y que nunca se ejecutaron.
El primer convenio había sido firmado en 2012 por Cristina Kirchner y Mauricio Macri. A cambio de la rezonificación de parcelas ubicadas sobre terrenos ferroviarios de Caballito y Palermo, Nación se comprometía a realizar obras de infraestructura y espacios públicos. La idea era que Nación subastara esas tierras, de ese modo la Ciudad ganaba un espacio público y al mismo tiempo ingresaba dinero a las arcas del estado nacional.
Los trabajos nunca se hicieron y las tierras no salieron a la venta. Sin embargo cuando el fin de su gobierno era inexorable, Macri decidió ceder las tierras a la Ciudad sin ninguna contraprestación a cambio.
El acuerdo que ideado por Macri y su ministro de Transporte Guillermo Dietrich y suscripto por Horacio Rodríguez Larreta fue calificado como "escandaloso" por una fuente de la política porteña.
Las tierras fueron transferidas en concepto de "dación de pago", una figura que solo fue aplicada a los convenios entre Nación y Ciudad. Lo curioso es que esa figura debería aplicarse cuando existe una deuda entre el estado y un distrito, pero en el caso de las obras públicas de la Ciudad, solo había un compromiso de hacerlas cuyo plazo ni siquiera estaba cumplido.
En el convenio de transferencia los peritos del estado nacional consideraron que 4 parcelas ubicadas en una de las zonas más caras de Palermo y 6 parcelas ubicadas en las zonas más valiosas de Caballito valían alrededor de 29 millones de dólares, mientras que la obras de infraestructura y la construcción de parques públicos en el 65% de los terrenos podían llegar a costar 36 millones de dólares. Todo ese proceso fue observado por la Sindicatura General de la Nación.
El convenio fue firmado el 5 de diciembre, el mismo día que Nación transfirió varios otros terrenos a la Ciudad. La intención del oficialismo era votarlo ese mismo día en la Legislatura, pero se encontraron con la oposición de algunos aliados que, temerosos por las protestas de los vecinos de Caballito, se echaron atrás a último momento.
Otra de las curiosidades es que el proyecto para suscribir el acuerdo con Nación entró a la legislatura el 5 de diciembre por la mañana y por la noche se votaron las cesiones. El primer proyecto de ley tenía 5 artículos, uno de los cuales estaba referido al Anexo III del convenio entre Playas Ferroviarias y Ciudad. En la versión que fue finalmente aprobada, ese ítem desapareció. Fue la condición de los aliados para dar luz verde al proyecto.
Eso explica por qué las tierras que pertenecían a Playas Ferroviarias están en un "limbo" legal. En teoría pasaron a manos de la Ciudad y si bien fueron escrituradas, las escrituras no están firmadas. Desde la Ciudad comienzan a preguntarse si al aceptar esa transferencia de tierras no se están ganando un problema legal y podrían intentar devolverlas.
"Nos acusan de que Macri benefició a Horacio con las parcelas, pero la verdad es que nos hizo un agujero. Esas parcelas con la crisis bajaron mucho", explicaron desde el gobierno porteño. "La Ciudad prefiere que nos devuelvan la plata por las obras de los viaductos, que le correspondían a Nación. Pero tampoco es cierto que se haya hecho nada ilegal: el proceso se inició dos años antes de que Macri dejara el gobierno", agregaron.
"Detrás de las irregularidades hay delitos. Los directivos de Playas Ferroviarias no tenían competencia de acuerdo a los reglamentos de la sociedad para transferir tierras del modo en que lo hicieron. No siguieron los procedimientos internos ni institucionales", aseguró Jonatan Baldivieso, del Observatorio por el Derecho a la Ciudad.
Son varios los conflictos que existen entre Nación y Ciudad por tierras traspasadas durante la gestión de Mauricio Macri. Por un lado la Agencia de Bienes del Estado se presentó en la justicia para impugnar la transferencia de parcelas en Colegiales, Villa Urquiza, Retiro y Catalinas.
Estas tierras llegaron en parte de pago por las obras de los viaductos del Mitre y del San Martín, un proyecto que debía ejecutar Nación, pero tras la debacle económica quedó a cargo de la Ciudad. Por el momento no se abrió el frente por los terrenos de Playas Ferroviarias, pero es algo que podría suceder en cualquier momento.
"Cuando perdieron las elecciones intentaron, mediante un decreto de Macri y una ley de Larreta, transferir las tierras de Nación a Ciudad para así asegurar continuar con los negocios inmobiliarios. El Presidente Alberto Fernandez firmó un decreto instruyendo la Agencia de Bienes y a Playas Ferroviarias a que revisen esas operaciones. En ambas se detectaron numerosas ilegalidades. Fundamentalmente que la ley de Responsabilidad Fiscal que prohíbe la donación o venta de activos fijos durante durante los últimos 6 meses de mandato", rechazó la diputada y ex legisladora porteña Paula Penacca.
Un día después de las elecciones de octubre Macri firmó un decreto que modificaba una normativa de 2012 para poder entregar inmuebles nacionales "a fin de cancelar deudas y/o afrontar compromisos de asistencia económico financiera y/o extinguir cualquier otra obligación de carácter pecuniario que haya asumido" Nación con las provincias.
Cuando Alberto Fernández derogó la modificación, en los fundamentos de su decreto explicó que la afectación de bienes por pago de obligaciones "desnaturaliza la función de la AABE e implica un desprendimiento de activos insustituibles que pertenecen" al Estado y que además vulnera normas elementales de competencias del Estado, porque faculta a un ente descentralizado a disponer por sí mismo de los bienes, sin verificaciones pertinentes.
Otra fuente legislativa se sorprendió con la posibilidad de que la Ciudad reintegre las tierras. "La cesión se hizo en los últimos 6 meses de gobierno de Macri. Va contra el procedimiento administrativo. Igual me resulta extraño que quieran devolver algo porque estuvo mal hecho. O no les sirve como negocio o lo quieren intercambiar por algo que necesitan más. Si fueran tan legalistas no estarían discutiendo la coparticipación que a todas luces no corresponde", comentaron desde el Frente de Todos sobre uno de los debates que está lejos de saldarse.
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