El oficialismo en la Ciudad logró aprobar el convenio con IRSA para Costanera Sur con los votos del socialismo y los radicales

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Publicado: 20/08/2021
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Se aprobó el polémico barrio VIP en lo que era la Ciudad Deportiva de Boca y habrá torres de lujo al lado de la Reserva Ecológica.
La Legislatura porteña debatió este jueves y aprobó un convenio urbanístico entre el Gobierno de la Ciudad y la empresa constructora, destinado a convertir en un gran parque público con edificaciones comerciales y residenciales a los terrenos de la Costanera Sur en donde hace más de medio siglo se había empezado a levantar la frustrada Ciudad Deportiva de Boca Juniors.

Se trata de unas 70 manzanas hoy ociosas que incluyen humedales y espejos de agua, en un polígono delimitado por la Avenida España, el canal fluvial contiguo al barrio Rodrigo Bueno y la ribera del Río de la Plata. Para poder avanzar en el plan denominado “Parque Público y Urbanización Costa Urbana”, se requiere que la Legislatura de la CABA apruebe el convenio entre la Jefatura de Gobierno y la firma IRSA S.A. y disponga las rezonificaciones correspondientes.

Lo aprobado por los diputados capitalinos se basó en un proyecto del Poder Ejecutivo que obtuvo despacho conjunto de las comisiones de Planeamiento Urbano y de Presupuesto. La presidenta de Protección y Uso del Espacio Público, Claudia Neira (FdT), hizo una observación al considerar que el asunto debió haber sido girado a su comisión.

Daniel del Sol (VJ), miembro informante durante el debate, dijo que antes de la sanción definitiva del proyecto se tomarán en cuenta todas las propuestas de modificación que se planteen tanto en la Audiencia Pública como en las reuniones de las comisiones asesoras legislativas. Por tratarse de un expediente que requiere “doble lectura”, se prevé otro debate y votación, después de la Audiencia Pública.

El gran predio en cuestión era originalmente del Estado nacional y en 1964 fue cedido al Club Boca Juniors para un emprendimiento que quedó inconcluso y abandonado. Los terrenos fueron luego vendidos a particulares y quedaron en jurisdicción de la ahora Ciudad Autónoma.

El plan propuesto contempla destinar un 67% de la superficie a espacio de uso público, con la preservación de espejos de agua y humedales, y el resto sería destinado a un desarrollo urbanístico de conjunto residencial, viviendas colectivas, comercios, servicios, establecimientos de educación y salud.

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