El Gobierno retirará pliegos de 62 jueces, fiscales y defensores que Alberto F. había enviado al Senado
Lo acordaron el ministro de Justicia, Cuneo Libarona, y Victoria Villarruel.
La lista incluye a decenas de cargos que había querido designar Cristina.
El gobierno de Javier Milei retiró del Senado de la Nación el planteo para dar acuerdo y designar 62 jueces, fiscales y también funcionarios del Ministerio Público de la Defensa. En la determinación que frena una importante cantidad de pliegos, intervinieron la vicepresidente Victoria Villarruel y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Antes de dejar el Senado, Cristina Kirchner intentó -fallidamente- en tres ocasiones que se apruebe un extenso listado de funcionarios judiciales, un total de 74. Sin embargo, no lograron el acuerdo dentro del Senado para avanzar en la votación en el recinto.
A dos días de haber jurado como ministro de Justicia, Cúneo Libarona solicitó que la Cámara Alta frene el tratamiento de esos pliegos para la cobertura de cargos en el Poder Judicial, como también en el Ministerio Público Fiscal como en el del a Defensa.
Al respecto, el flamante ministro de Justicia indicó: “Desde el Ministerio de Justicia analizaremos caso por caso, teniendo en cuenta los lineamientos fijados por el presidente Milei, su Jefe de Gabinete y respetando el procedimiento correspondiente, para proponer jueces independientes, idóneos, no políticos ni amigos".
Como contó Clarín, uno de los principales mensajes que el presidente Javier Milei buscó dar al Poder Judicial, fue el de designar "a los jueces más idóneos y no a los jueces amigos", algo que Cúneo Libarona replicó en diversas reuniones con funcionarios judiciales.
Hay que recordar que el Poder Judicial afronta el mayor porcentaje de cargos sin cubrir de los últimos años: un total de 25% de los despachos de jueces nacionales y federales no cuentan con un juez titular. El sistema de subrogancias cubre la falencias ante la letanía con la que se designan magistrados, sin embargo, el ministro de Justicia sostuvo que la situación es "crítica" al entender que el sistema se encuentra colapsado.
Bajo la premisa de darle premura a la cobertura de los cargos, a lo que se suma el 30% del Ministerio Público Fiscal que se encuentra en igual situación, el ministro de Justicia pedirá al Consejo de la Magistratura, responsable de la designación de los jueces, que revise la normativa interna para "dar mayor celeridad al proceso de designación", indicaron fuentes oficiales a Clarín.
Junto con esa política el ministerio de Justicia busca revisar las designaciones que habían quedado pendiente para su tratamiento en el Senado y por ello, solicitó que se retiren las notas que solicitaban la aprobación de 62 pliegos en el recinto.
Se trata de 29 pliegos de jueces, nueve vocales de Cámara, un total de diez fiscales y 14 defensores del Ministerio Público. Eran designaciones que buscaban cubrir cargos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en otras jurisdicciones como Santa Fe, Santa Cruz, Misiones, Santiago del Estero, Buenos Aires e incluso en la Defensoría General de la Nación.
No es la primera vez que esto ocurre ante un cambio de gestión. En febrero de 2020, Alberto Fernández ordenó retirar 200 pliegos que aguardaban ser votados en el Senado de la Nación, después de haber recibido tratamiento por parte de la Comisión de Acuerdos.
Sin embargo, la gestión del Frente de Todos -como se denominaba en aquel momento- frenó la aprobación de ese listado de jueces, fiscales y también, defensores.
En esta oportunidad La Libertad Avanza, en consonancia con el mensaje inicial del Presidente, ordenó revisar los pliegos para evitar "que terminen en los cargos sin cubrir jueces amigos", señalaron fuentes oficiales.
El trámite de designación de jueces inicia en el Consejo de la Magistratura, presidido por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El organismo que cuenta con representación de los abogados, magistrados, como de las fuerzas políticas que integrantes el Poder Legislativo, es el responsable de tomar los exámenes para los diferentes cargos.
Una vez cumplimentada esa etapa, se realiza el orden de mérito y se da un plazo razonable para las oposiciones al listado inicial, para así, dar lugar a las entrevistas. Una vez que concluida dicha instancia, se arma una terna que es remitida al Poder Ejecutivo y es, finalmente, el presidente de la Nación el responsable de enviar la misma al Senado para su tratamiento.
Es la Comisión de Acuerdos la responsable de elegir al juez o jueza para los cargos y en la etapa final, esa determinación debe contar con el voto mayoritario del Senado. Con ese trámite cumplimentado, la designación se hace efectiva cuando el Poder Ejecutivo las publica en el Boletín Oficial.
Todo el proceso, en las últimas estadísticas establecidas por la Corte Suprema, demora cerca de tres años y medio. Es el plazo que el ministro de Justicia del gobierno de LLA busca reducir. Por ese motivo es que solicitará al Consejo de la Magistratura una revisión de la normativa interna que rige todo el proceso.
Con un 25% de cargos vacantes en todo el país, el Poder Judicial destina 26.595.558.675 pesos en subrogancias y suplencias.
Una de las medidas que busca impulsar, ante ese panotama Cúneo Libarona, es ver la posibilidad de que se concursen cargos que aún no se encuentran vacantes, para que cuando ese lugar quede vacío ya haya un juez concursado y pueda designarse inmediatamente.
Estas medidas responden a mejorar lo que se conoce como “administración de justicia”. Cuando un juzgado, o un cargo en un Tribunal, como en una Cámara de revisión está vacante, el mismo se cubre con la Ley de Subrogación. El juez que acepta percibe un 30% más de salario.
La normativa, entienden dentro del Poder Judicial, "es una paliativo, no puede ser la regla a seguir". En el caso de Comodoro Py, fuero en el que se investiga la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero, un tercio de los juzgado de instrucción se encuentran vacantes.
La crisis de los Tribunales de Retiro es aún mayor: en la Cámara de Casación (máximo tribunal penal) también hay tres despachos sin jueces titulares de los doce cargos que son en total. De los ocho tribunales de juicio, que es donde el proceso penal concluye, la mitad se encuentra incompleto, incluso uno de ellos no cuenta con ningún juez en carácter de titular.
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